El Equipo Dorado Anticorrupción destapó un alarmante informe donde se evidencia un desembolso del 80% de los recursos, pero una ejecución material del 0% en la escrituración de predios para campesinos.
El modelo de gestión de Juan Felipe Harman al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrenta uno de sus cuestionamientos más severos. Un informe técnico priorizado por el Equipo Dorado Anticorrupción, bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, puso al descubierto lo que podría ser un monumental descalabro administrativo y jurídico en el programa bandera del Gobierno saliente: la Reforma Agraria.
La alerta máxima se concentra en el Convenio Marco celebrado entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyo objeto es la adquisición y entrega de propiedades sujetas a extinción de dominio para comunidades campesinas. Para este fin, la ANT comprometió la astronómica suma de $500.000 millones de pesos.
Billetera llena, escrituras vacías
Lo escandaloso del hallazgo radica en la alarmante asimetría entre el flujo del dinero público y los resultados reales en el territorio. Según el documento oficial del equipo de empalme, ya se ha desembolsado el 80% de los recursos financieros del contrato; sin embargo, la ejecución material y jurídica se reporta en un absoluto 0%.
La razón de esta calificación es contundente: la obligación principal y sagrada de la ANT en este proceso es dejar los bienes debidamente escriturados a favor de los campesinos. A la fecha, no existe escritura alguna que formalice dichas entregas, transformando lo que se anunció como un acto de justicia social en un peligroso espejismo.
«El riesgo consiste en que los beneficiarios de la ‘Reforma Agraria’ queden con un bien sin títulos idóneos y saneados», reza textualmente el informe de la comisión anticorrupción, advirtiendo que cientos de familias campesinas podrían quedar desprotegidas en un limbo jurídico, vulnerables a litigios y sin una verdadera propiedad legal sobre la tierra.
Ofensiva judicial en camino
Ante la gravedad de los hallazgos en este y otros contratos interadministrativos que comprometen recursos de la entidad, el equipo fiscalizador anunció que las acciones no se quedarán en el papel. Ya se encuentran listas para su radicación las denuncias penales, disciplinarias y fiscales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Serán estas instancias las encargadas de determinar las responsabilidades del director de la ANT, Felipe Harman, y los demás implicados en la danza de millones sin soporte legal definitivo.
Por su parte, Harman ha salido a defender la legalidad de la contratación, asegurando que los convenios cuentan con todas las auditorías y garantías constitucionales. No obstante, para los analistas y el equipo de control, el papel aguanta todo, pero la realidad del campesinado exige títulos reales, no promesas financiadas con el presupuesto nacional. El país espera respuestas claras de cara a una transición de gobierno donde la transparencia en el manejo de las tierras promete ser el primer gran examen de cuentas.
