El reciente reanuncio de plenaria en la Cámara de Representantes tras la prolongación de un debate que ha ocupado a los legisladores durante las últimas sesiones demuestra una polarización política que corroe la eficiencia institucional. Con apenas quince días restantes antes de terminar el periodo legislativo, la emergencia de que se dificulta el paso de proyectos de ley cruciales refleja un sistema donde las negociaciones están cubiertas de parcialidad, parciality y la poca voluntad de construir consenso. Las causas subyacentes se encuentran en la fragmentación partidaria exacerbada por la globalización, esa pérdida de la confianza en la capacidad de la nación para producir soluciones integrales, y el uso del “gobierno de crisis” para justificar la maniobra. Entre su repercusión, el proyecto agonizante no solo se vuelve cada vez más inatacable sino que también afecta la percepción de la legitimidad de la democracia, porque la ciudadanía se ve frustrada además de la estimación de que el poder está al servicio de pocos, y la inseguridad jurídica y de los ciudadanos avanza. Hijos que suban no solo el optimismo, sino el resentimiento, ya que no reciben las cifras de cumplimiento que se requieren en los tiempos de fiscalización, y aunque las cifras de las últimas elecciones propone un equilibrio, no lo ha logrado.
LEl rol del partido al frente de la Cámara ha eskabado, dado la distancia de las fechas de cierre de las sesiones, el marco del debate en una normativa de la que influe $1,200. El proyecto en cuestión añade copia parcial y complejo, lo que influye en la anterior línea que el debate se encontró con una posición de control en la parte política de los bloques de trabajo. La guerra política se extiende al sufridor, al sector independiente, por ejemplo, el sector bancario o del comercio. Entre la forma y la presión para depurar a los inversionistas se comienza a ver la presión de la regulación que necesitaba impulsionarse en la economía de la primera columna, como la construcción de la primera escalera que son comerciales a la base. Los datos de último análisis de los resultados de la encuesta empírica en la atención a la población reflejan tendencias de política pública que alteran el legado histórico. El debate de los proyectos de ley que se está registrando se percibe empíricamente como una acción de resúmenes o de datos más y así el resultado es que el sector económico sube su percepción del fomento del gobierno, temor y desaliento.
LEn conclusión, la ausencia de un rumbo claro muestra que el proceso legislativo en Colombia necesita una reforma estructural para enfrentar la falta de consenso y el tránsito a la fiscalización de las políticas públicas. El mismo efecto de los 15 días que faltan complica la posibilidad de compilar cargos que se discuten en respaldo de la sostenibilidad y el servicio a la ciudadanía. Este cúmulo de fragilización institucional intensifica la inseguridad y la frustración de los ciudadanos de que el modelo democrático no sirve a los intereses de la población, y favorece la perspectiva de una reforma política o institucional que suponga un enfoque político orientado a la cooperación y a los derechos que permita un nuevo marco legislativo más sostenible y avanzado sobre las rutas, la sostenibilidad y la ley de prevención de violaciones de la democracia que acompañan ya el socio responsable de la sostenibilidad y la estabilidad del país.
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