La exigencia presidencial de una Asamblea Constituyente como única vía para aprobar reformas profundiza la crisis institucional en Colombia, generando un choque entre los poderes públicos y la sociedad civil. Esta postura desconoce mecanismos establecidos en la Constitución, como el trámite legislativo ordinario o las consultas populares, polarizando aún más el debate político. La falta de diálogo amplio y el recurso a una solución extraordinaria, sin consenso nacional, plantea riesgos para la estabilidad democrática y la gobernabilidad, al concentrar decisiones cruciales en un órgano no electivo con facultades discrecionales que podrían alterar las reglas del juego político y los derechos fundamentales.
Las actividades de recolección de firmas lideradas por Iván Cepeda y otros actores políticos en apoyo a una Constituyente evidencian una estrategia deliberada para presionar al Ejecutivo y generar una narrativa de cambio radical. Estos eventos, realizados en diversos escenarios del país, movilizan a sectores sociales específicos pero enfrentan críticas por su metodología y legitimidad, cuestionando si reflejan una verdadera demanda ciudadana o intereses políticos partidistas. La confrontación entre las iniciativas presidenciales y las parlamentarias agudiza las tensiones internas en el Congreso, dificultando la aprobación de reformas estructurales necesarias para abordar problemas como paz, justicia o equidad, mientras se diluye el tiempo y la energía en disputas constitucionales que minan la capacidad de respuesta del sistema político.
El impasse por la vía Constituyente expone fragilidades fundamentales del sistema político colombiano: la desconfianza mutua entre ramas del poder, la fragmentación de las fuerzas sociales y la persistente resistencia a reformas consensuadas. Consecuencias como la posible parálisis legislativa, la desestabilización del orden constitucional y el debilitamiento de las instituciones democráticas se acentúan ante la falta de un diálogo constructivo. La alternativa de una Constituyente, aunque presentada como solución radical, podría llevar a exclusiones, reduciendo la diversidad de voces en un proceso que debería ser incluyente y representativo. La historia reciente muestra que procesos constitucionales exitosos requieren amplio consenso y participación, no imposiciones desde el poder, lo que convierte esta coyuntura en un punto crítico para el futuro democrático del país.
