La más reciente encuesta publicada por EL TIEMPO sobre la percepción de los colombianos respecto a la gestión de sus alcaldes constituye un termómetro crucial para entender el estado de la confianza ciudadana en el nivel de gobierno más cercano a la vida cotidiana de las comunidades, pues los mandatarios locales son responsables directos de servicios esenciales como la recolección de basuras, el mantenimiento de vías urbanas, la prestación de salud pública y la seguridad inmediata en los barrios, ámbitos donde las deficiencias se sienten de manera más punzante que en las políticas nacionales abstractas. Este ejercicio de opinión llega en un momento en que el país atraviesa una coyuntura compleja marcada por la desaceleración económica, el incremento en los precios de la canasta familiar y la persistencia de dinámicas de violencia en varias regiones, factores que han tensionado la capacidad de respuesta de las administraciones municipales sin importar su orientación política, pues los recursos de los fondos de compensación y las regalías no siempre llegan de manera oportuna a los municipios más apartados, lo que genera un desfase entre las promesas de campaña y la realidad de la gestión diaria que termina reflejándose en el ánimo de la ciudadanía consultada.
Entre las causas que explican tanto la realización de esta encuesta como las tendencias que probablemente arroja en la percepción ciudadana destaca el momento del ciclo electoral en el que se encuentran la mayoría de las alcaldías del país, pues la mayor parte de los mandatarios locales llevan poco más de dos años en el cargo, periodo suficiente para que las promesas de campaña se hayan confrontado con las limitaciones presupuestales, las trabas burocráticas de la administración central y los retos estructurales de sus municipios, lo que genera una evaluación ciudadana más ajustada a la realidad que la euforia de los primeros meses de gestión. Asimismo, la decisión de EL TIEMPO de difundir estos resultados responde a la necesidad de llenar un vacío de información sobre la gestión subnacional, pues la mayoría de los medios de comunicación suelen enfocarse en la política nacional y en el Palacio de Nariño, dejando de lado el análisis de cómo se gobierna en los territorios, donde vive el 80% de la población colombiana, por lo que este ejercicio periodístico busca empoderar a los ciudadanos con datos para exigir cuentas a sus autoridades locales y comparar el desempeño entre diferentes municipios, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica.
Las consecuencias de la divulgación de estos resultados por parte de EL TIEMPO se extenderán a múltiples niveles de la vida política y social del país, pues los alcaldes con bajos niveles de aprobación se verán presionados a acelerar proyectos bandera o ajustar sus equipos de trabajo para revertir la percepción negativa antes de que se inicie el periodo de precampaña para las próximas elecciones regionales, mientras que aquellos con alta aprobación podrán usar estos datos para movilizar recursos adicionales desde el gobierno nacional o fortalecer sus bases políticas de cara a futuras aspiraciones electorales. A nivel nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que evaluar cómo estos resultados afectan su capacidad de diálogo con los mandatarios locales, especialmente en aquellos municipios donde la gestión se ha visto obstaculizada por desacuerdos ideológicos o demoras en la aprobación de proyectos de inversión, pues una mala evaluación generalizada de los alcaldes podría traducirse en un repudio a las políticas de descentralización que promueve el actual gobierno, lo que impactaría directamente la estabilidad de su agenda legislativa y su respaldo popular de cara a las elecciones de mitad de periodo o las presidenciales del próximo ciclo.
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