En las próximas semanas la Contraloría General de la República notificará a la Gobernación del Meta, a la Agencia de Infraestructura del Meta, AIM, a la interventoría y a la firma contratista, del proceso por el detrimento fiscal por $ 11 mil millones de pesos, detectado por las irregularidades presentadas en la construcción del nuevo puente del río Ocoa.
El viaducto que hace parte del contrato de construcción de la primera fase del proyecto de dobles calzadas adelantado por la Gobernación del Meta a través de la Agencia de Infraestructura del Meta, firmado en 2018, fue adelantado por una empresa contratista subcontratada por la AIM y terminado tres años después.
Tras la denuncia hecha en su momento por las veedurías de la comunidad, entre ellos el vocero, José Umaña, sobre un posible hundimiento de la estructura del puente, que presentaba un ahondamiento visible y que se sentía al paso de los vehículos, a tal punto que comenzó a llamarse el “puente de la Hamaca”.
La denuncia obtuvo eco en la Contraloría General de la república, en la gerencia colegiada del Meta, que inició un proceso de auditoria a la obra y los ingenieros detectaron lo que se llama técnicamente una deflexión o hundimiento, que no representa peligro en la estabilidad de la estructura a corto plazo, pero por la cual deben responder la entidad contratante y la ejecutora, al igual que la interventoría de la obra.
Recordemos que el puente vehicular fue contratado durante la administración de Marcela Amaya y terminado durante la Gobernación de Juan Guillermo Zuluaga Cardona y el viejo puente de la vía Puerto López sobre el mismo afluente, se sacó del contrato inicial de las dobles calzadas y aún está en servicio, aunque con graves problemas en las juntas o dilataciones, que afectan la movilidad.
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