El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que una de las primeras decisiones de su administración será una reestructuración de la Presidencia de la República, con la eliminación de 229 cargos que, según sus cálculos, permitirá un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos anuales.
De acuerdo con el mandatario electo, los recursos que se dejen de destinar al funcionamiento de la Casa de Nariño serán redireccionados a programas enfocados en beneficiar a la población.
La propuesta contempla reducir la estructura burocrática de la Presidencia mediante la eliminación de varias consejerías y el traslado de sus funciones a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión del Gobierno Nacional.
Entre las dependencias que desaparecerían se encuentran la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
En reemplazo de esta última se creará la figura del Comisionado Nacional de Seguridad, quien asumirá las funciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y sustituirá al actual Alto Comisionado para la Paz. Esta decisión está alineada con la propuesta de De La Espriella de poner fin a la política de «Paz Total» impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y avanzar hacia una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la seguridad y el sometimiento de las organizaciones criminales a la justicia.
El anuncio hace parte del paquete de medidas de austeridad que el presidente electo ha presentado durante el proceso de transición. Según ha manifestado, su administración revisará la estructura del Estado con el propósito de reducir gastos de funcionamiento, eliminar dependencias que considere innecesarias y destinar esos recursos a proyectos de inversión social.
Con esta reforma, el próximo Gobierno busca iniciar su mandato con una política de disciplina fiscal, disminuyendo el tamaño de la estructura administrativa de la Presidencia y concentrando las funciones del Ejecutivo en los ministerios para optimizar el uso de los recursos públicos.
