La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres, presuntamente responsables de haber participado en varios homicidios ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana.
Se trata de Brayan Alfonso Jinete Monterroza, alias Brayan Verruga, presunto responsable de asesinar de un ciudadano en el barrio Villate al suroccidente de la capital del Atlántico, el pasado 14 de marzo. Al parecer, el procesado se desplazaba como parrillero en una motocicleta desde la cual habría disparado contra la víctima. Su captura estuvo a cargo de la Policía Nacional. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados.
El segundo caso involucra a Richard José Oviedo Arroyo, alias Popeta, quien fue presentado ante un juez de control de garantías por presuntamente haber participado en un asesinato ocurrido el 17 de septiembre de 2023 en el barrio San Luis de Barranquilla. El hombre fue imputado como posible responsable del delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Finalmente, fue judicializado Cristian David Villalba Amador quien estaría implicado en un crimen ocurrido el 10 de enero de 2022 en el barrio Villa Selene de Soledad (Atlántico). Esta persona sería la responsable de haber disparado contra un hombre de 54 años, hecho que no aceptó. Por estos hechos fue afectado con una nueva medida de aseguramiento pues en la actualidad permanece privado de la libertad por otro delito.
Los tres procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento carcelarias.
SKCR/AMCJ/MAGA/EJCHP/NB/SM/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
