Fiscalía General de la Nación

La Seccional Caldas de la Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerfin Esteban Grisales Orozco y a Cristian Camilo Mena Díaz como presuntos responsables de homicidios ocurridos en Villamaría y Viterbo (Caldas), respectivamente.

Gerfin Esteban Grisales Orozco no aceptó los cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros.
Gerfin Esteban Grisales Orozco no aceptó los cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros.

El 24 de mayo de 2024, Grisales Orozco, junto a otra persona, habrían golpeado con dos objetos contundentes a una persona que transitaba por el barrio Jorge Eliécer Gaitán de Villamaría (Caldas). La víctima falleció en un centro asistencial de Manizales el 13 de junio. El ente investigador le imputó el delito de homicidio agravado.

Cristian Camilo Mena Díaz tiene a los lados dos policías y en el fondo se ve  un pendón con logos de la institución.
Cristian Camilo Mena Díaz es señalado de asesinar a un hombre por problemas de venta de estupefacientes. Un juez lo envío a la cárcel.

El 15 de julio de 2023, en Viterbo, un hombre que se movilizaba en una motocicleta fue interceptado por dos personas entre quienes estaría Mena Díaz, quienes le dispararon en varias oportunidades, causando su muerte. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.

 

Esta información se publica por razones de interés general.

 

JLH/LMFO/MAGA/ACG

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

 

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