Fiscalía General de la Nación

El procesado, al parecer, decía ser integrante de las disidencias de las FARC.

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Guaviare, un juez de control de garantías impuso medida en establecimiento carcelario contra Eduardo Antonio Mejía Ortiz, presuntamente responsable de extorsionar a un contratista que había realizado en área rural de la capital del departamento.

De acuerdo con la investigación, desde el pasado 10 de junio la víctima comenzó a recibir llamadas en las que lo conminaban a pagar 20 millones de pesos por haber ejecutado varias obras civiles relacionadas con vías en la vereda San Lucas del municipio de El Retorno (Guaviare).

Eduardo Antonio Mejía Ortiz es imputado por extorsión agravada. Texto Alternativo: capturado es custodiado por un policía y un militar. Banner de Policía y Ejército Nacional.
Eduardo Antonio Mejía Ortiz es imputado por extorsión agravada. Texto Alternativo: capturado es custodiado por un policía y un militar. Banner de Policía y Ejército Nacional.

Al parecer, la víctima recibió un video donde un hombre armado con un fusil y vistiendo prendas militares lo intimidaba con declararlo objetivo militar y atentar contra su vida, la de su familia y la de sus trabajadores en caso de negarse a realizar el referido pago.

El procesado fue capturado la mañana del pasado 14 de junio cuando recibía parte del dinero exigido, supuestamente, por integrantes de la ‘Nueva Marquetalia Farc’. Esta acción estuvo a cargo del Gaula de la Policía Nacional en un parque del barrio La Paz de San José del Guaviare (Guaviare)

La Fiscalía le imputó el delito de extorsión gravada tentada, el cual no fue aceptado por Mejía Ortiz.

Esta información se publica por razones de interés general.

PYMP/LMFO/MAGA/ICLH/DSG

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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