El reciente informe sobre la percepción ciudadana de la gestión pública en Colombia revela una polarización significativa: el 46,6 % de los encuestados califica la actuación del Estado entre excelente y buena, mientras que el 48,3 % la juzga como mala o muy mala. Este escenario evidencia una profunda desconfianza institucional que tiene raíces estructurales, como la persistente desigualdad socio‑económica, la corrupción endémica y la falta de acceso efectivo a servicios básicos en zonas rurales y marginales. La ausencia de políticas cohesivas de inclusión y la percepción de impunidad alimentan el desencanto, generando un clima de frustración que se traduce en protestas urbanas y en una creciente apatía electoral, debilitando la legitimidad democrática y dificultando la implementación de reformas estructurales necesarias para el desarrollo sostenible del país.
LLas consecuencias de este clima de descontento se manifiestan en varios niveles. En el ámbito económico, la incertidumbre política desalienta la inversión extranjera y nacional, ralentizando la creación de empleo y exacerbando la inflación, lo que afecta de manera desproporcionada a los estratos más vulnerables. Socialmente, la percepción negativa de las instituciones fomenta la migración interna y externa, provocando una fuga de capital humano que agrava la escasez de profesionales calificados. Políticamente, la polarización intensificada puede desembocar en la radicalización de grupos opositores, incrementando el riesgo de conflictos sociales y la fragmentación del tejido nacional, lo que complica los procesos de diálogo y reconciliación necesarios para una gobernanza inclusiva.
LFrente a este panorama, es imperativo que el Gobierno implemente estrategias integrales que atiendan tanto los síntomas como las causas estructurales del descontento. La mejora de la transparencia mediante la digitalización de trámites y la creación de mecanismos de rendición de cuentas reforzará la confianza ciudadana. Asimismo, la implementación de políticas públicas focalizadas en la reducción de la desigualdad, como la expansión de la educación pública de calidad y la inversión en infraestructura en áreas rurales, puede crear oportunidades económicas y sociales que mitiguen la percepción negativa del Estado. En última instancia, una respuesta coordinada entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado será crucial para revertir la tendencia actual y consolidar una Colombia más equitativa y resiliente.
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