En el marco del décimo aniversario del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el expresidente Iván Duque (2018-2022), primer mandatario que debió afrontar la implementación del acuerdo durante todo su gobierno, ofreció un balance a EL TIEMPO. Pese a haber hecho campaña por el «No» en el plebiscito, Duque sostiene que fue el jefe de Estado que más avanzó en poner en marcha los textos de La Habana.
Calificó el balance como «agridulce» e hizo un llamado a no dividir al país entre amigos y enemigos de la paz, recordando que esta es un derecho de todos los colombianos. Consideró que los primeros seis años de implementación (20 meses de Santos y cuatro de su gobierno) mostraron avances, seguidos de una «parálisis» durante el gobierno de Petro.
Entre los puntos críticos, señaló que la JEP «está en deuda con Colombia»: tras diez años no ha impuesto penas ejemplarizantes ni proporcionales a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, reclutamiento, violación y asesinato de menores. Afirmó que los cabecillas de las Farc no han reparado con sus bienes ni han dicho toda la verdad. También vinculó el aumento de la coca —de 50.000 a más de 200.000 hectáreas desde que se detuvo la aspersión aérea en 2015— con la falta de paz, y pidió a la Corte Constitucional revisar su jurisprudencia para reactivar esa herramienta.
Frente a quienes lo acusan de haber desviado la implementación, respondió con cifras del Instituto Kroc y la Misión de Naciones Unidas, que registran un 32% de avance al cierre de su gobierno, destacando proyectos productivos, banco de tierras, 14 proyectos Pdet y mejoras en vivienda y cobertura para desmovilizados. Recordó que ‘Santrich’ fue capturado y que ‘Iván Márquez’ regresó a la actividad terrorista durante el gobierno Santos.
Como principal error del acuerdo señaló haber «fracturado al país entre amigos y enemigos de la paz», criticando el componente de justicia por generar impunidad. Como mayor virtud, resaltó la desmovilización y reincorporación de miles de excombatientes.
De cara al futuro, reconoció luces y sombras: logros como el desarme de unos 10.000 excombatientes, pero también impunidad y desafíos pendientes, como retomar el desarrollo territorial paralizado durante el gobierno de Gustavo Petro, tareas que, según él, recaerán sobre el presidente Abelardo De La Espriella.
Por Juan Sebastián Lombo Delgado, Redacción de Política.









