El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió con firmeza a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro, quien la tarde del jueves 19 de noviembre pidió su renuncia durante un discurso en Cali, en el marco de una protesta convocada por la oposición contra la actual administración. Al hacer un balance de las manifestaciones, el jefe de Estado rechazó cualquier intento de alterar el orden democrático.
Petro, desde el Parque de la Retreta, cuestionó el proyecto de ajuste fiscal del Ejecutivo y afirmó que «el pueblo de Colombia es el que tiene que restaurar la democracia real». Además, sostuvo que «no se trata de esperar hasta el 2030», defendió que la movilización en las calles debía ser permanente y agregó: «Quizás no hay que esperar el voto».
Para De La Espriella, las palabras de su antecesor «atentan contra la democracia y la institucionalidad». Por ello fue tajante: «Con la democracia y con Colombia no se metan. Quiero hablarles con absoluta claridad, porque lo que está en juego no es mi tranquilidad personal, sino la estabilidad de la República». También advirtió que jamás aceptará que se atente contra la democracia, se promueva un golpe de Estado o se pretenda destruir el país, «como lo hizo cuando fue guerrillero». Insistió en que quienes ataquen el orden constitucional encontrarán «un presidente dispuesto a defenderlo con la razón y con toda la fuerza legítima que le da la Constitución y la ley».
Al defender la legitimidad de su mandato, recordó que llegó a la presidencia gracias a cerca de 13 millones de colombianos que le entregaron «un mandato democrático para cambiar el rumbo de la patria». Sobre las movilizaciones, precisó que su gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero marcó un límite: no se puede usar la violencia para destruir las instituciones ni imponer por la fuerza lo que no se logró en las urnas.
Asimismo, el mandatario pidió a la justicia de Estados Unidos investigar y procesar a Petro, al afirmar que su gobierno fue «una empresa criminal» donde se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Según él, la pasada administración dejó «finanzas profundamente deterioradas y escándalos de corrupción».
Sus señalamientos se suman a otras denuncias. El 18 de noviembre, desde la Fiscalía, anunció un dosier sobre los llamados ‘sexocontratos’, presuntos favores sexuales a cambio de vínculos con el Estado durante el gobierno de Petro, con unas 48 personas presuntamente involucradas. En septiembre ya había responsabilizado a la administración anterior de la crisis fiscal.









