Detención en flagrancia tras ataque a instalaciones castrenses
Un joven de 22 años fue capturado en las últimas horas en el municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, portando un dron modificado y material explosivo, apenas metros después de que se registrara un atentado contra la base militar Batallón de Infantería N.º 3 «General José María Córdova». Las autoridades señalan que el detenido haría parte de las estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente del frente José María Becerra, que delinque en el norte del departamento y el sur del Risaralda.
El operativo, coordinado entre la Policía Metropolitana de Cartago y el Ejército Nacional, se desplegó de manera inmediata tras la activación de los protocolos de seguridad perimetral de la unidad militar. Según el reporte oficial, la detención se produjo en el sector de La María, a menos de 300 metros de las instalaciones atacadas, cuando uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del Gaula Militar interceptaron al sujeto que se desplazaba en una motocicleta de alto cilindraje sin placas.
Modus operandi: drones artesanales como arma de guerra
En el registro personal y de la motocicleta, los uniformados hallaron un dron de fabricación artesanal, tipo quadcóptero, equipado con un mecanismo de liberación para lanzar granadas de fragmentación M-26 y munición de 40 milímetros. Además, se incautaron tres granadas de mano, un proveedor para fusil AK-47 con 30 cartuchos, un celular con coordenadas georreferenciadas de objetivos militares y una libreta con anotaciones sobre rutinas de patrullaje y turnos de guardia.
«Este hallazgo confirma la evolución táctica de los grupos armados organizados residuales y del ELN en el uso de tecnología no tripulada para evadir los controles terrestres y atacar objetivos blindados», explicó una fuente de inteligencia militar consultada. «Los drones de bajo costo, modificados en talleres clandestinos, permiten lanzar explosivos con precisión métrica desde alturas que escapan al radar convencional y al fuego de reacción inmediata».
Antecedentes: escalada de violencia en el norte del Valle
El atentado contra el Batallón Córdova no es un hecho aislado. En los últimos ocho meses, el norte del Valle del Cauca ha registrado una escalada sostenida de acciones ofensivas atribuidas al ELN y a las disidencias de la antigua FARC-EP, hoy denominadas Estado Mayor Central (EMC). Solo en 2025 se contabilizaron 17 ataques contra la fuerza pública en la subregión, entre hostigamientos con mortero, tomas a corregimientos, instalación de campos minados y atentados con vehículos bomba.
El más grave ocurrió el 14 de marzo pasado, cuando un carro bomba estalló frente a la estación de Policía de La Victoria, dejando tres uniformados muertos y once heridos, además de daños estructurales en 40 viviendas aledañas. En esa ocasión, la inteligencia militar interceptó comunicaciones que señalaban al frente José María Becerra como responsable, en alianza táctica con la columna móvil Jaime Martínez del EMC.
Cartago, por su ubicación estratégica en el corredor vial que conecta el Pacífico con el interior del país —vía La Línea y el túnel de La Cuchilla—, es disputa permanente para el control de rutas de narcotráfico, extorsión al comercio y minería ilegal en los ríos Cauca y La Vieja. La presencia de cultivos de coca en las estribaciones de la cordillera Occidental, en límites con Chocó y Risaralda, financia la capacidad bélica de estos grupos.
Perfil del capturado y línea investigativa
El detenido, identificado como Jhonnier Stiven Vélez González, natural de Pereira pero residente en el barrio El Carmelo de Cartago desde hace tres años, registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas (2022) y concierto para delinquir (2023), proceso este último en etapa de juicio oral. Según fuentes judiciales, Vélez González habría sido reclutado en 2021 por estructuras de la llamada «Compañía de Explosivos y Drones» del frente José María Becerra, célula especializada en la fabricación y operación de artefactos aéreos no tripulados con fines letales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ya solicitó medida de aseguramiento intramural por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y concierto para delinquir agravado. La audiencia de legalización de captura e imputación de cargos se llevará a cabo en las próximas 36 horas ante un juez de control de garantías de Pereira, por competencia funcional.
Reacciones institucionales y panorama de seguridad
El comandante de la Tercera Brigada del Ejército, brigadier general Carlos Eduardo Téllez, afirmó en rueda de prensa que «la captura demuestra la efectividad de la integración de capacidades de inteligencia humana, señales y geoespacial entre Policía y Ejército». Anunció además el reforzamiento del dispositivo de seguridad en Cartago y municipios vecinos —Obando, Alcalá, Ulloa y La Victoria— con 300 hombres adicionales del Batallón de Alta Montaña N.º 3 y escuadrones de reacción de la Policía.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al Ministerio de Defensa la declaratoria de zona de especial atención estratégica para el norte del departamento, lo que permitiría movilizar recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para tecnología de contramedidas antidron, blindaje de instalaciones y programa de recompensas por información que conduzca a la captura de cabecillas de finanzas y logística del ELN en la región.
Desafíos futuros: tecnología asimétrica y justicia transicional
El uso de drones explosivos por actores no estatales plantea un desafío doctrinal y jurídico para las Fuerzas Militares colombianas. Aunque el país cuenta con sistemas de detección y neutralización de aeronaves no tripuladas (C-UAS) en bases estratégicas, su despliegue masivo en unidades de primera línea sigue siendo limitado por costos y entrenamiento. El Congreso de la República tramita actualmente un proyecto de ley que tipifica específicamente el uso de drones con fines terroristas y establece penas de hasta 40 años de prisión.
En el frente diplomático, la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, instalada en Caracas y México desde noviembre de 2022, ha denunciado reiteradamente que acciones como la de Cartago violan el cese al fuego bilateral vigente desde agosto de 2023, prorrogado en tres ocasiones. El último ciclo de conversaciones, concluido en La Habana el 20 de octubre, cerró sin avances sustanciales en la agenda humanitaria ni en la definición de zonas de concentración para la eventual dejación de armas.
Analistas del centro de estudios Conflicto y Paz advierten que la fragmentación del mando del ELN —con estructuras que operan con autonomía táctica y financiera— dificulta el cumplimiento de acuerdos centrales. «Lo que vemos en Cartago es la operación de una franja que responde a lógicas de economía ilegal local y no necesariamente a directrices de la comandancia central», señala la investigadora Laura Herrera. «Eso vuelve la verificación del cese al fuego extremadamente compleja y exige mecanismos de monitoreo territorializados, no solo nacionales».
Mientras la justicia avanza en el proceso contra Vélez González, las autoridades mantienen operativos de saturación en la zona rural de Cartago, donde la inteligencia señala la existencia de al menos dos talleres de modificación de drones y almacenamiento de precursores químicos para explosivos. La captura, aunque significativa, es apenas un eslabón en una cadena logística que, según los informes de inteligencia, sigue intacta en sus niveles medios y superiores.
