Entidad de control exige respuestas inmediatas ante denuncias de invisibilización de afectados
La Procuraduría General de la Nación ha requerido formalmente a la Alcaldía de Santiago de Cali para que rinda un informe detallado sobre la gestión de atención humanitaria y el proceso de censos a damnificados tras el fuerte sismo que sacudió a la capital del Valle del Cauca el pasado 10 de agosto. La actuación del Ministerio Público se origina en una ola de denuncias ciudadanas que alertan sobre irregularidades en el registro único de víctimas, lo que estaría dejando por fuera del sistema de subsidios y ayudas estatales a cientos de familias cuyas viviendas sufrieron daños estructurales de consideración.
El anuncio del ente de control se produjo tras conocer el testimonio directo de un afectado quien, en medio de una diligencia de verificación, expresó su desconcierto con una frase que resume la angustia de muchos: «¿Me censaron y no estoy en el registro?». Esta situación pone en evidencia una posible brecha entre el trabajo de campo realizado por los gestores sociales y la consolidación de bases de datos oficiales, un fallo administrativo que, de confirmarse, tendría consecuencias directas en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El sismo del 10 de agosto: antecedentes de una emergencia subestimada
El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de El Cairo y una magnitud de 6,1 grados en la escala de Richter, sacudió violentamente la región Pacífica y el occidente del país pasadas las 12:00 del mediodía. Aunque inicialmente las autoridades reportaron que la infraestructura crítica había resistido, las horas posteriores revelaron una realidad distinta en los barrios de ladera y en el centro histórico de Cali.
Barrios como Silvía, El Calvario, Terrón Colorado y Comuneros reportaron grietas severas en muros de contención, desprendimientos de fachadas y daños en redes de acueducto y alcantarillado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó el nivel de alerta naranja, desplazando maquinaria y kits de emergencia. Sin embargo, la respuesta en territorio fue calificada por líderes comunales como «lenta y dispersa», señalando que la primera visita de censadores tardó hasta 72 horas en llegar a algunos sectores de difícil acceso.
El cruce de versiones: Alcaldía vs. Ciudadanía
Según el requerimiento de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Administración Municipal debe entregar, en un plazo no superior a cinco días hábiles, el consolidado de los formularios FÚN (Formato Único Nacional) diligenciados, el listado de hogares visitados por los equipos técnicos del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) local, y el detalle de los criterios de elegibilidad aplicados para clasificar una vivienda como «inhabitable», «habitable con reparaciones» o «habitable».
Fuentes cercanas a la Secretaría de Vivienda Social municipal indicaron que el retraso en la publicación de los listados oficiales obliga a un proceso de depuración de datos para evitar duplicidades y fraudes, una práctica estándar que, no obstante, no fue comunicada oportunamente a la comunidad. «Estamos cruzando la información del censo puerta a puerta con los reportes de la línea 119 y las inspecciones técnicas de Curaduría Urbana», explicó un funcionario de alto nivel que pidió reserva de su identidad. «El objetivo es que el recurso público llegue a quien verdaderamente lo necesita, pero entendemos la ansiedad de la gente».
Voces desde el territorio: el drama de la incertidumbre
María Fernanda López, residente del barrio La Merced, relató a este medio que su casa presenta una grieta diagonal de casi tres metros que atraviesa la sala y la cocina. «Los ingenieros vinieron, tomaron fotos, midieron la grieta, me pidieron la cédula y el recibo de servicios. Me dijeron: ‘Quede tranquila, doña María, ya está en el sistema’. Pasaron tres semanas y cuando miro la lista publicada en la página de la Alcaldía, mi nombre no aparece. Mi vecino de al lado, que tiene una grieta menor, sí está. ¿En qué momento me borraron?», cuestionó la mujer, jefa de hogar y madre de dos menores de edad.
Este caso no es aislado. La Personería Distrital de Cali reportó haber recibido más de 300 quejas formales por omisión en el registro único de damnificados solo en la primera quincena de septiembre. El personero delegado para temas ambientales y de riesgo, Carlos Andrés Ramírez, advirtió que «la no inclusión en el censo no solo niega el subsidio de arrendamiento o el bono de reparación, sino que excluye a las familias de los planes de reasentamiento definitivo que el Ministerio de Vivienda está estructurando para las zonas de alto riesgo no mitigable».
Panorama futuro: responsabilidades fiscales y disciplinarias
El requerimiento de la Procuraduría no solo tiene un componente disciplinario. De encontrarse mérito, la investigación podría derivar en sanciones para los funcionarios responsables del diseño y ejecución del operativo censal, incluyendo al director del Dagrd local y al secretario de Vivienda. Simultáneamente, la Contraloría General de la República ha anunciado una auditoría de cumplimiento a los recursos girados a Cali para la atención de la emergencia (cercanos a los 15.000 millones de pesos en primera instancia), verificando que la ejecución del gasto corresponda a la población efectivamente censada.
Para las familias en espera, la definición judicial y administrativa es una carrera contra el tiempo. La temporada de lluvias de octubre y noviembre amenaza con agravar las fisuras en las estructuras comprometidas. «No pedimos dádivas, pedimos que cumplan la ley», sentenció López mientras mostraba el acta de visita técnica que reposa en su carpeta, pero que, oficialmente, parece no existir. La Alcaldía de Cali tiene ahora la carga de demostrar que el «error de digitación» o la «depuración» no son eufemismos para una exclusión sistemática de los más vulnerables.
