Una denuncia que altera el debate político
La reciente publicación de un video en redes sociales reavivó la confrontación entre el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, y el político Abelardo De La Espriella. El episodio, que trascendió más allá de la esfera municipal, centró la atención en una denuncia de intimidación armada y en una acusación cruzada de perfilamiento político, factores que podrían tensar aún más el clima electoral y la convivencia institucional en la región.
De acuerdo con la versión del jefe de la Oficina de Sincelejo, durante buena parte de un evento en el que participó, se mantuvieron a sus espaldas personas portando armas largas. Ante esa situación, Acuña sostuvo que el actuar no correspondió a una medida de seguridad convencional, sino a un mecanismo de presión orientado a coaccionar su labor institucional y su presencia pública.
La respuesta del alcalde: doble moral y acusaciones cruzadas
En medio de la escalada, Acuña respondió de manera directa a las afirmaciones vertidas en el material audiovisual. El mandatario local señaló que De La Espriella habría cambiado de posición: si durante la campaña electoral mostró una línea de apoyo o al menos una relación cortés, ahora, en su concepto, recurre a un video editado para lanzar señalamientos contra su gestión.
En esa misma línea, el alcalde advirtió que lo calificaron de corrupto, aunque consideró que esa caracterización resulta desbalanceada. Acuña afirmó que no puede tolerarse una narrativa selectiva, particularmente cuando otros líderes políticos también han enfrentado procesos judiciales por presuntas irregularidades. Añadió que incluso el propio De La Espriella ha sido investigado, pero aseguró no haberlo juzgado públicamente.
El sentido de la denuncia de perfilamiento
El alcalde habló de perfilamiento para referirse, según su interpretación, a una estrategia de desgaste concentrada en su persona y en su círculo cercano. Bajo esa óptica, la difusión del video y las críticas públicas no serían solo parte de una discusión política legítima, sino un intento por estigmatizar su gestión y anticipar una posible salida forzada del cargo.
Con esa idea, Acuña afirmó que se busca convertirlo en un falso positivo, es decir, en un caso que apunte a deslegitimar su administración antes de que termine el periodo. Para el jefe municipal, esa dinámica no solo afectaría su recorrido personal, sino también la capacidad de implementar proyectos y sostener la confianza ciudadana en el gobierno local.
Contexto: una disputa que se extendió más allá de Sincelejo
Aunque el conflicto tiene origen en la política municipal de Sincelejo, su desarrollo en redes sociales le otorgó alcance nacional. El video, compartido en plataformas digitales, fue leído por observadores como una nueva señal de la disputa entre sectores conservadores y progresistas en el país. En particular, el alcalde recordó que el avance del progresismo en Sincelejo no puede atribuirse de forma exclusiva a su gestión, sino que obedece a procesos de organización social, memoria histórica y participación comunitaria.
Este cruce también se produce en un momento en que la conversación política en Colombia está marcada por la polarización, la disputa por los espacios de poder y la creciente instrumentalización de redes sociales. Las acusaciones de intimidación, cuando involucran amenazas con armas, agregan una dimensión de inseguridad que obliga a separar el debate ideológico de la garantía de protección a los líderes locales.
Consecuencias directas y panorama futuro
La escalada pública puede tener efectos inmediatos en la relación institucional entre el alcalde y sectores políticos nacionales. Por una parte, el anuncio de una posible intimidación obligará a evaluar si existió algún componente de presión o coacción. Por otra, las críticas cruzadas pueden erosionar la confianza ciudadana y dificultar la instalación de diálogos necesarios para la gobernabilidad local.
De cara al futuro, será clave que los organismos de control, la justicia y las autoridades de seguridad aclaren si las imágenes y los testimonios corresponden a una posible conducta ilegal. Mientras tanto, el episodio deja una advertencia: cuando las disputas electorales se mezclan con señalamientos de violencia y corrupción, el costo final lo paga la sociedad, porque se debilita el ejercicio institucional y se normaliza la confrontación como método político.
