Putumayo en el ojo de la tormenta: el gobernador se opone a la aspersión aérea
En los últimos días el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, ha anunciado su firme oposición al plan nacional de aspersión aérea de cultivos ilícitos, una medida que el Gobierno central pretende retomar en varios departamentos del sur del país. Esta postura ha encendido un debate que combina cuestiones de salud pública, medio ambiente y soberanía territorial, y ha llevado al Juzgado de Mocoa a admitir a trámite las impugnaciones presentadas por la autoridad departamental.
Antecedentes de la lucha contra los cultivos ilícitos en Putumayo
Históricamente, Putumayo ha sido uno de los territorios más afectados por la presencia de cultivos de coca y por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, fuerzas de seguridad y comunidades campesinas. Durante los gobiernos anteriores, se aplicaron estrategias mixtas que incluían erradicación manual, sustitución de cultivos y programas de desarrollo alternativo, pero los resultados fueron irregulares y a menudo generaron descontento entre los pobladores, que denunciaron afectaciones a sus cultivos de subsistencia y a fuentes de agua. En 2023, el Gobierno nacional anunció la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato, argumentando la necesidad de reducir rápidamente la oferta de cocaína; sin embargo, organizaciones sociales y autoridades locales advirtieron sobre los riesgos para la salud y los ecosistemas frágiles de la Amazonía.
La decisión judicial y sus implicaciones inmediatas
El pasado 30 de septiembre, el Juzgado de Mocoa resolvió dar trámite a las impugnaciones presentadas por la Gobernación de Putumayo contra el decreto que autoriza las aspersiones aéreas. En su auto, el juez destacó la falta de estudios de impacto ambiental específicos para la región y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que dependen directamente de los recursos hídricos y de la tierra para su sustento. Como consecuencia, se ordenó la suspensión provisional de cualquier operación de fumigación hasta que se realice una evaluación técnica independiente y se garantice el derecho a la consulta previa, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Reacciones del Gobierno nacional y panorama futuro
La decisión judicial ha sido interpretada por el Ejecutivo como un obstáculo temporal en su estrategia de lucha contra el narcotráfico. Voceros del Ministerio de Defensa y del Departamento Nacional de Planeación han señalado que apelará la resolución y que buscará mecanismos legales para retomar las aspersiones en caso de que se demuestre su efectividad y seguridad. Por su parte, el gobernador Molina ha reiterado su compromiso con la protección del medio ambiente y ha propuesto ampliar los programas de sustitución de cultivos y de fortalecimiento de la economía local, enfatizando la necesidad de invertir en infraestructura, educación y acceso a mercados legales para los campesinos. Los próximos meses serán decisivos: si el juez confirma la medida cautelar, se abrirá un espacio para el diálogo entre autoridades nacionales y regionales; de lo contrario, se podría volver a intensificar la presión para aplicar las fumigaciones, lo que risque avivar tensiones sociales y generar nuevos conflictos en uno de los departamentos más vulnerables del país.
