Contexto del sismo y la respuesta humanitaria
El pasado 12 de septiembre de 2026, un temblor de magnitud 6.2 sacudió el departamento de Risaralda, dejando daños estructurales en varios municipios, entre ellos Dosquebradas. Las autoridades locales, lideradas por el alcalde Roberto Jiménez Naranjo, activaron de inmediato los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo a entidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil para atender a las familias afectadas. En las primeras horas se reportaron derrumbes parciales en viviendas de barrios populares y daños en la infraestructura vial, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate. Posteriormente llegaron brigadas del Banco de Alimentos de Bogotá y de la Defensa Civil, que empezaron a distribuir kits de alimentos y agua potable en los refugios improvisados.
La denuncia de supuesta ayuda fraudulenta
Durante una rueda de prensa realizada el 23 de septiembre, el mandatario municipal declaró haber sido víctima de una estafa perpetrada por individuos que se hicieron pasar por un senador de la República. Según su relato, los estafadores lo contactaron mediante una llamada telefónica y le ofrecieron gestionar la entrega de kits de ayuda humanitaria a través de una supuesta alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, a cambio de un pago anticipado de cinco millones de pesos que nunca se materializó. El alcalde indicó que, tras transferir el dinero, nunca recibió la documentación ni los bienes prometidos, y que al intentar comunicarse nuevamente con los supuestos intermediarios, sus llamadas fueron desviadas a un buzón de voz genérico.
Antecedentes de fraudes en situaciones de desastre
Lamentablemente, este tipo de engaños no es inédito en Colombia. Tras eventos como el avalanche de Armero en 1985 o el terremoto de 1999 en el Eje Cafetero, se han registrado casos de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, fingiendo representar a instituciones públicas o a congresistas para obtener recursos ilegítimamente. Incluso en la pandemia de COVID-19 surgieron esquemas similares donde se ofrecían bonos inexistentes a cambio de giros bancarios, y se detectaron páginas web falsas que simulaban ser portales oficiales de asistencia humanitaria. Estos antecedentes han llevado a la creación de alertas tempranas por parte de la Procuraduría y la Contraloria General de la República.
Acciones judiciales y comunitarias
Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables y determinar si existen más víctimas de la misma modalidad. Se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias utilizadas en la transacción y se iniciaron peritajes telefónicos para rastrear el origen de las llamadas. Asimismo, la Alcaldía de Dosquebradas reforjó sus canales de verificación, estableciendo que toda gestión de ayuda debe pasar por la Oficina de Gestión del Riesgo y ser validada mediante resoluciones oficiales publicadas en el sitio web institucional. Se habilitó una línea gratuita de denuncias ciudadanas y se realizó una capacitación express a los funcionarios municipales sobre cómo validar la autenticidad de representantes de entidades nacionales, solicitando siempre el número de radicado y la copia del cargo oficial.
Lecciones y perspectivas futuras
El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación de los líderes locales en materia de prevención de fraudes y de crear mecanismos de rendición de cuenta más transparentes. Expertos en gestión de desastres coinciden en que la combinación de tecnología, como plataformas de rastreo de donaciones basadas en blockchain, y la participación activa de la ciudadanía puede reducir significativamente el riesgo de que se repitan episodios similares. Se espera que, en las próximas semanas, el Concejo Municipal discuta un proyecto de acuerdo que obbligue a todas las entidades que gestionen recursos de ayuda a presentar informes públicos mensuales accesibles a cualquier ciudadano. Además, se plantea la creación de un sello digital que certifique la legitimidad de las gestiones de ayuda, facilitando la verificación por parte de los beneficiarios y reduciendo el espacio para la acción de grupos delictivos.
