Llegada protocolar y agenda de alta seguridad
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó la mañana de este lunes al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla para encabezar una cumbre bilateral de alto nivel con el fiscal general de la Nación, Abelardo De la Espriella, centrada en el fortalecimiento de la cooperación judicial y policial contra las estructuras del narcotráfico que operan en el corredor caribeño. La mandataria centroamericana fue recibida con honores militares por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y una comitiva de altos mandos de la Fuerza Pública colombiana, en un despliegue que subraya la sensibilidad estratégica del encuentro.
Según fuentes oficiales consultadas, la visita —que no había sido anunciada públicamente hasta horas antes del aterrizaje— responde a una solicitud directa de la Casa de Nariño para sincronizar operativos de interdicción marítima y rutas de lavado de activos que conectan los puertos del Caribe colombiano con las costas del Pacífico costarricense, paso obligado para los envíos hacia Centroamérica y Norteamérica.
Antecedentes: una ruta bajo presión constante
El corredor marítimo que une el golfo de Urabá, la costa atlántica colombiana y el litoral de Limón en Costa Rica lleva décadas siendo una de las arterias principales del comercio ilícito de cocaína. Solo en 2025, las autoridades de ambos países incautaron conjuntamente más de 140 toneladas de clorhidrato de cocaína en operaciones coordinadas, cifra que representa un incremento del 22 % respecto al año anterior. Sin embargo, los carteles han diversificado sus métodos: semisumergibles, lanchas rápidas de alta tecnología y el uso de contenedores refrigerados en puertos legítimos han complicado la labor de interdicción.
La cooperación bilateral se formalizó en 2018 mediante el Acuerdo de Asistencia Judicial Mutua y Cooperación Policial, que permitió la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con sede rotativa entre Bogotá y San José. No obstante, fuentes de la Fiscalía colombiana admiten que la fragmentación de las estructuras criminales —tras la desmovilización de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y la fragmentación del Clan del Golfo— ha generado vacíos de inteligencia que la cumbre de Barranquilla busca cerrar.
Ejes centrales de la negociación
La agenda de trabajo, que se extenderá por 48 horas en la sede de la Gobernación del Atlántico, gira en torno a cuatro pilares fundamentales:
1. Interoperabilidad de bases de datos: Se prevé la firma de un protocolo técnico que permita el cruce en tiempo real de registros de embarcaciones sospechosas, declaraciones aduaneras y movimientos financieros anómalos detectados por las unidades de análisis financiero (UIAF en Colombia y UIF en Costa Rica).
2. Operaciones simultáneas «Espejo»: La estrategia consiste en golpear simultáneamente los eslabones de la cadena logística: centros de acopio en el Urabá antioqueño, puntos de embarque en puertos como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, y redes de recepción en los muelles de Moín y Caldera.
3. Persecución del lavado de activos: De la Espriella ha insistido en la necesidad de rastrear los flujos financieros que llegan al sistema bancario costarricense a través de empresas fachada del sector turístico e inmobiliario. «El dinero es el oxígeno de estas organizaciones; si lo asfixiamos, la estructura colapsa», declaró el fiscal en una intervención previa ante el Congreso colombiano.
4. Protección de testigos y colaboradores: Ambos países acordarán un mecanismo ágil de reubicación y cambio de identidad para testigos clave que deban declarar en juicios que se adelanten en la jurisdicción del otro Estado, eliminando los trámites diplomáticos que hoy demoran hasta 18 meses.
El factor geopolítico: más allá de lo bilateral
La cumbre no ocurre en el vacío. Estados Unidos, a través de la Operación Martillo y el Comando Sur, mantiene presencia de inteligencia naval en aguas del Caribe colombiano y ha presionado a sus socios regionales para endurecer los controles portuarios bajo amenaza de certificaciones adversas en el informe anual de narcóticos. Costa Rica, por su condición de país sin ejército y con una Fuerza Pública de carácter civil, depende críticamente de la cooperación internacional para patrullar su zona económica exclusiva de 589.000 km² en el Pacífico.
Analistas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes señalan que el encuentro también envía un mensaje político a los electores de ambas naciones: en Colombia, de cara a las elecciones legislativas de 2026, y en Costa Rica, donde la percepción de inseguridad ha escalado al primer lugar en las encuestas, superando incluso al costo de la vida.
Expectativas y retos de implementación
Si bien los acuerdos que surjan de Barranquilla tendrán rango de compromisos de Estado, su ejecución topa con obstáculos estructurales. La sobrecarga judicial en Colombia —donde la Fiscalía maneja más de 2,3 millones de procesos activos— y la limitación presupuestaria de la Policía de Control de Drogas costarricense, que opera con apenas 1.200 agentes para todo el territorio nacional, son cuellos de botella reconocidos por los propios negociadores.
Además, la corrupción en aduanas y capitanías de puerto sigue siendo el talón de Aquiles. En los últimos tres años, 47 funcionarios aduaneros colombianos y 12 costarricenses han sido destituidos o judicializados por facilitar el paso de contenedores contaminados. La cumbre incluye una sesión reservada con directores de aduanas y policías portuarias para diseñar controles de integridad basados en rotación obligatoria de personal y algoritmos de detección de anomalías en declaraciones de importación.
Panorama futuro: hacia una arquitectura regional
El desenlace de la reunión en Barranquilla podría sentar las bases para una iniciativa multilateral ampliada que incluya a Panamá, Honduras y República Dominicana, países que comparten las mismas rutas y vulnerabilidades. La presidenta Fernández adelantó —en declaraciones previas a su partida desde San José— que propondrá la creación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia Marítima con sede en Cartagena, financiado con recursos del Fondo de Seguridad de la SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y aportes de la cooperación europea.
Por lo pronto, la presencia de De la Espriella en territorio costeño —alejado de su despacho habitual en Bogotá— es interpretada por observadores como una señal de que la Fiscalía prioriza la judicialización de los eslabones logísticos y financieros sobre la persecución exclusiva de capos, estrategia que ha mostrado límites ante la capacidad de reemplazo de las organizaciones criminales. La próxima semana se espera la publicación de un comunicado conjunto con los primeros resultados operativos derivados de los acuerdos suscritos en esta capital del Caribe colombiano.
