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Confesión clave que reveló el secuestro, la tortura y el homicidio del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Una confesión que permitió reconstruir el crimen

La confesión de uno de los involucrados en el caso permitió esclarecer aspectos esenciales del secuestro, la tortura y el homicidio del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrido en los primeros días de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, municipio del departamento de Antioquia. El testimonio ayudó a reconstruir la ruta seguida por las víctimas, los lugares donde permaneció retenido y las responsabilidades que se atribuyen a los integrantes del grupo delictivo conocido como ‘El Mesa’.

Según la investigación, Peláez Yepes se encontraba hospedado en un hotel ubicado a pocas cuadras de la plaza principal cuando fue objeto de una acción violenta. Desde ese momento, su familia y las autoridades iniciaron una búsqueda urgente mientras los presuntos responsables intentaban ocultar lo ocurrido. El caso adquirió relevancia por la forma en que fue ejecutado el crimen y por la participación atribuida a una organización criminal con antecedentes de violencia en Antioquia.

Los hechos y la investigación

Las primeras diligencias permitieron establecer que el ingeniero fue secuestrado y mantenido bajo control por varios integrantes del grupo armado. Posteriormente, fue sometido a torturas antes de ser asesinado. La declaración clave aportó detalles sobre la coordinación de los hechos, los traslados y los espacios utilizados para ejercer la privación ilegal de la libertad y cometer el homicidio.

Equpos especializados del Cuerpo Técnico de Investigación allanaron una vivienda en San Andrés de Cuerquia y realizaron labores forenses relacionadas con la búsqueda de elementos probatorios. Estas acciones buscaban comprobar la versión presentada por los investigados, identificar posibles vínculos con otros delitos y determinar con precisión el papel de cada presunto responsable.

Entre las personas vinculadas figuran los conocidos como alias 300, El Paisa y Willy, capturados por su presunta participación en la desaparición de Peláez Yepes. También se encuentra recluido en la cárcel de Santa Rosa de Osos un integrante asociado al caso con el alias ‘Se Lo Juro’. Las autoridades continúan examinando la información aportada por cada uno de ellos para consolidar los cargos y establecer la responsabilidad de los mandos.

El grupo criminal ‘El Mesa’

El caso se enmarca en una investigación más amplia contra el Grupo Delictivo Organizado conocido como ‘El Mesa’, acusado de integrar redes dedicadas al delito en Antioquia. Este tipo de organización ha sido asociada, según distintos procesos judiciales, con extortion, homicidios, control territorial y otros delitos que afectan a comunidades enteras.

Los crímenes atribuidos a estos grupos suelen dejar además de las víctimas directas una profunda consecuencia social. En municipios como San Andrés de Cuerquia, la presencia de bandas armadas genera temor, limita la vida cotidiana y debilita la confianza en las instituciones. Por esa razón, el esclarecimiento del caso de Andrés Camilo Peláez tiene un impacto que trasciende el proceso penal individual.

El camino judicial y las consecuencias

La información obtenida mediante las declaraciones de los investigados será examinada junto con registros, declaraciones de testigos, elementos forenses y otras pruebas reunidas por la Fiscalía. El objetivo es determinar si los cargos se sostienen, precisar los hechos que corresponden a cada acusado y establecer la existencia de una posible estructura de mando.

Para la familia de Peláez Yepes, el avance de la investigación representa un paso hacia la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Aun así, el proceso judicial puede extenderse durante varios años, especialmente si se profundizan las investigaciones sobre otros delitos cometidos por los mismos responsables.

El homicidio del ingeniero sigue siendo recordado como una de las víctimas de la violencia que afecta a Antioquia. Su caso evidencia la necesidad de desarticular organizaciones criminales, fortalecer las capacidades investigativas y proteger a las comunidades amenazadas por el secuestro, la tortura y el crimen organizado.

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