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Incendios forestales arrasan cultivos en seis municipios de Nariño y levantan sospechas de acción criminal

Contexto y antecedentes

El departamento de Nariño, ubicado en el suroeste de Colombia, es reconocido por su producción agrícola de alto valor, especialmente café, plátano, cacao y flores de corte. En los últimos años, la región ha enfrentado una creciente presión por el cambio climático, que ha intensificado los periodos de sequía y aumentado la vulnerabilidad de los suelos a los incendios forestales. Históricamente, los meses de julio a septiembre registran el mayor número de conflagraciones, vinculadas a prácticas agrícolas de quema de rastrojos y, en algunos casos, a disputas por la tierra.

Desarrollo de los incendios

Durante la última semana de agosto de 2026, los servicios de emergencia reportaron la aparición simultánea de varios focos de fuego en la zona rural de seis municipios: Sandoná, Ancuya, Pasto, Túquerres, Ipiales y La Unión. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los vientos fuertes y la baja humedad relativa, consumiendo aproximadamente 1.200 hectáreas de cultivos y pastizales. Testigos locales describen columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia y la dificultad de los cuerpos de bomberos para acceder a algunas áreas por el terreno accidentado.

Posibles causas y investigación

Las autoridades departamentales, encabezadas por la Gobernación de Nariño y el Cuerpo de Bomberos, han señalado que no descartan la posibilidad de manos criminales detrás de las conflagraciones. Según el fiscal delegado para asuntos ambientales, se están realizando peritajes en los puntos de ignición para determinar si se utilizó algún agente accelerante. Asimismo, se están revisando denuncias previas de amenazas a campesinos por parte de grupos armados que disputan el control de territorios estratégicos para cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola.

Impacto y perspectivas

El impacto económico preliminar estimado por la Secretaría de Agricultura de Nariño supera los 15.000 millones de pesos, considerando pérdidas directas en producción, costos de rehabilitación de suelos y gastos de combate al fuego. Además, se proyecta una afectación a la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de los cultivos destruidos y un aumento en la erosión de suelos, lo que podría generar problemas de deslizamientos en temporadas de lluvia. Frente a este escenario, el gobierno departamental ha anunciado la creación de un plan de prevención y respuesta temprana, que incluye la instalación de torres de vigilancia, capacitación a brigadas comunitarias y la promoción de técnicas de manejo de residuos agrícolas sin quema.

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