Declaratoria de calamidad pública para agilizar recursos
El Gobierno de Antioquia oficializó la declaratoria de calamidad pública en el departamento como respuesta directa al terremoto registrado el pasado 10 de agosto, un evento telúrico que dejó una estela de daños estructurales en viviendas, infraestructura vial, equipamientos públicos y redes de acueducto en varios municipios del oriente y nordeste antioqueño. La medida, firmada por el gobernador Andrés Julián Rendón, faculta a la administración departamental para contratar de manera directa, mover partidas presupuestales y acceder a recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo sin los trámites ordinarios, con el fin de atender la emergencia con la celeridad que exigen las comunidades afectadas.
Según el balance preliminar de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), el sismo —cuyo epicentro se localizó en inmediaciones del municipio de Sonsón y alcanzó una magnitud de 5,2 grados en la escala de Richter, con una profundidad superficial inferior a 10 kilómetros— afectó al menos 23 municipios. Los reportes más críticos provienen de Sonsón, Nariño, Argelia, San Luis, San Francisco, Cocorná y Granada, donde se contabilizan cientos de viviendas con daño estructural severo, varias de ellas inhabitables, además de grietas en puentes, deslizamientos en corredores viales y afectaciones en sedes educativas y centros de salud.
Inversión millonaria y estrategia de reconstrucción
En rueda de prensa desde la Gobernación, el mandatario departamental anunció un plan de inversión superior a los 120.000 millones de pesos para la fase de emergencia y reconstrucción. La bolsa, que combina recursos propios del departamento, transferencias del Gobierno Nacional y gestión de crédito con entidades financieras, se destinará a tres frentes simultáneos: subsidio de arriendo y kits de emergencia para familias damnificadas, intervención estructural en viviendas con daño parcial y demolición controlada de las que colapsaron, y rehabilitación de vías terciarias y puentes que comunican a las zonas rurales más aisladas.
“No vamos a esperar a que la burocracia nos gane el pulso a la necesidad de la gente. La calamidad pública nos permite actuar hoy”, enfatizó el gobernador Rendón, quien confirmó que ya se han desplegado equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y el Dagran para realizar los censos casa por casa y priorizar las intervenciones según el nivel de riesgo y vulnerabilidad socioeconómica de los hogares.
Antecedentes sísmicos y vulnerabilidad del territorio
El oriente antioqueño no es ajeno a la actividad sísmica. La región se asienta sobre el Sistema de Fallas de Otú-Pericos y la Fallas de Algeciras, dos estructuras geológicas que han generado eventos históricos como el terremoto de 1979 en el nordeste (magnitud 6,3) y el de 2019 en el municipio de Támesis. Sin embargo, expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) advierten que la profundidad somera del sismo del 10 de agosto amplificó la aceleración del suelo en superficie, explicando por qué un evento de magnitud moderada provocó daños desproporcionados en construcciones informales y en edificaciones anteriores a la norma sismorresistente vigente (NSR-10).
Un informe técnico de la Universidad Nacional, sede Medellín, entregado a la Gobernación en 2023, ya advertía que más del 60 % de la vivienda rural en el oriente antioqueño no cumple estándares sismorresistentes, lo que convierte a la población campesina en la más expuesta. La actual emergencia reabre el debate sobre la necesidad de un plan masivo de refuerzo estructural y reubicación en zonas de alto riesgo, una deuda histórica que los gobiernos locales y nacionales han postergado por limitaciones fiscales.
Respuesta humanitaria y coordinación interinstitucional
Mientras se estructura la reconstrucción de mediano plazo, la atención humanitaria avanza. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha enviado 1.200 kits de cocina, 800 carpas familiares, 3.000 colchones y 15 plantas de tratamiento de agua para garantizar el suministro en acueductos rurales dañados. La Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional apoyan con puentes aéreos para llegar a veredas incomunicadas por derrumbes en la vía Sonsón–Nariño–Argelia, corredor vital para la movilización de maquinaria amarilla.
Entretanto, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han instalado una mesa de seguimiento para garantizar que la inversión se ejecute con transparencia y que los subsidios lleguen sin intermediarios a los verdaderos damnificados. Organizaciones sociales de la región exigen que el proceso de censos sea participativo y público, para evitar la exclusión de familias arrendatarias, poseedoras sin título y población migrante que habita en la zona cafetera.
Panorama futuro: resiliencia y planificación territorial
La declaratoria de calamidad pública tiene una vigencia inicial de un año, prorrogable por uno más, lo que da un horizonte temporal para la ejecución de obras. No obstante, académicos y gremios de ingeniería insisten en que la reconstrucción no puede limitarse a “reponer lo que se cayó”, sino que debe ser una oportunidad para transformar el modelo de ocupación del suelo en el oriente antioqueño. Esto implica actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con microzonificación sísmica, establecer zonas de no urbanización en fallas activas y crear líneas de crédito blandas para que los campesinos refuercen sus viviendas con criterio técnico.
El próximo 15 de septiembre, la Gobernación presentará ante la Asamblea Departamental el Plan de Acción Específico (PAE) que desglosará cronograma, metas físicas y financieras, y mecanismos de veeduría ciudadana. De su rigor dependerá que la millonaria inversión anunciada se traduzca en viviendas seguras, vías transitables y comunidades preparadas para el próximo evento sísmico, en una región donde la tierra, tarde o temprano, volverá a moverse.
