Demanda histórica contra empresas de telecomunicaciones
Un juez de primera instancia en Cartagena de Indias adirió este miércoles la demanda presentada por la Alcaldía Distrital contra siete empresas de telecomunicaciones acusadas de abandonar toneladas de cableado inservible en las calles de la ciudad. El paso judicial abre camino a una posible orden de remoción forzosa y el pago de sanciones millonarias si se comprueba la negligencia de las compañías.
La acción legal se enmarca en un proceso colectivo que busca hacer responsables a las empresas que operan redes de fibra óptica, telefonía móvil y televisión por cable por el estado de abandono y deterioro de infraestructura urbana. Según fuentes judiciales, los cables caídos obstaculizan el acceso peatonal, generan riesgos eléctricos y estéticos, y afectan negativamente la calidad de vida de los habitantes del casco antiguo, zona patrimonio de la humanidad.
La Procuraduría como aliada en la lucha legal
La Procuraduría General de la Nación, a través de su regional en Cartagena, anunció su acompañamiento a la demanda como ente vigilador encargado de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, de orden público y de protección al patrimonio cultural. En un comunicado, la entidad destacó que el Distrito tiene la responsabilidad de ejercer la vigilancia sobre el uso adecuado del espacio público, especialmente en zonas protegidas como el Centro Histórico de Cartagena.
Los documentos presentados ante el juzgado detallan que más de 200 kilómetros de cables inservibles han sido identificados en diferentes barrios, incluyendo el Paseo de Bolívar, uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad. La acumulación de cables sueltos y desgastados no solo degrada el paisaje urbano, sino que también representa un peligro para la seguridad ciudadana, especialmente durante periodos de lluvia o tormentas donde el riesgo de cortocircuitos aumenta.
Antecedentes y contexto histórico de la problemática
Esta no es la primera vez que las autoridades locales intentan abordar el problema. Desde 2018, la Alcaldía ha realizado múltiples inspecciones y ha emitido multas a empresas que no cumplen con los lineamientos de gestión del cableado. Sin embargo, muchas de estas sanciones han sido impugnadas o no ejecutadas debido a la burocracia judicial y a la falta de coordinación entre los órganos de control y las empresas privadas.
El crecimiento descontrolado de las redes de telecomunicaciones en la última década ha exacerbado la situación. La llegada de nuevas tecnologías y la competencia entre proveedores ha llevado a una instalación acelerada de infraestructura sin una planificación adecuada. Como resultado, hoy en día se estima que más del 60% del cableado visible en la ciudad carece de mantenimiento o está en condiciones de riesgo.
Consecuencias inmediatas y reacciones de la sociedad
Los habitantes de barrios como El Centro, San Diego y Bocagrande han expresado su preocupación por la seguridad y el aspecto degradado de sus calles. Organizaciones de defensa del patrimonio y colectivos vecinales han emitido comunicados pidiendo una intervención urgente. “No podemos permitir que nuestro legado histórico se pierda bajo un lodo de cables oxidados”, afirmó una representante de la Junta de Acción Comunal del Centro Histórico.
Por su parte, las siete empresas demandadas han solicitado medidas de protección para suspender el proceso mientras negocian un plan de desmantelamiento progresivo. Entre las empresas se encuentran operadores nacionles e internacionales que han rechazado públicamente las acusaciones, alegando que parte del cableado abandonado pertenece a terceros o a infraestructura heredada de fusiones empresariales.
¿Qué se espera en los próximos pasos?
El juez ha fijado audiencia de contestación de la demanda para el próximo 15 de septiembre, donde se espera que las partes presenten sus argumentos y pruebas. Si la demanda prospera, se podría ordenar la remoción de los cables en un plazo máximo de 120 días, con supervisión de una comisión técnica creada entre el Distrito y la Procuraduría.
Además, se están analizando reformas al reglamento local que permitan imponer sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal de licencias de operación para empresas repeatedemente infractoras. El panorama futuro apunta a una mayor regulación del uso del espacio público y la implementación de tecnologías más discrecionas, como el cableado subterráneo.
