Antecedentes de la violencia en el oriente de Cali
El oriente de Cali ha sido históricamente uno de los sectores más afectados por la violencia armada en la ciudad. Comunas como Aguablanca, Distrito de Aguacatal y sectores aledaños han registrado niveles de homicidios superiores al promedio municipal durante la última década, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Justicia. La presencia de grupos delictivos dedicados al microtráfico y el control de territorios ha generado confrontaciones recurrentes entre bandas rivales, lo que ha incrementado el riesgo de balaceras en espacios públicos. En los últimos meses, las autoridades han reportado un aumento del 18 % en los hechos de violencia letal respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha generado preocupación entre vecinos y organismos de control.
Contexto inmediato previo al hecho
En las semanas previas al incidente, se habían registrado varios enfrentamientos armados en la zona, principalmente en la avenida principal del barrio San Antonio, donde testigos reportaron disparos y la presencia de individuos armados en motocicletas. El 31 de julio de 2026, un tiroteo dejó a dos personas heridas y motivó la activación de un operativo de patrullaje intensificado por parte de la Policía Metropolitana de Cali. Sin embargo, la persistencia de los grupos armados y la falta de información concreta sobre sus estructuras dificultaron la prevención de nuevos episodios de violencia, manteniendo el ambiente de inseguridad en la comunidad.
Detalles del doble homicidio
El 3 de agosto de 2026, alrededor de las 19:45 horas, se produjo un nuevo intercambio de fuego entre dos grupos antagónicos en la esquina de la calle 12 con carrera 5 del barrio San Antonio. Durante el conflicto, una bala perdida impactó a un niño de 13 años que caminaba hacia su vivienda después de salir de la institución educativa donde cursaba séptimo grado. El proyectil ingresó por la zona torácica y provocó su muerte casi inmediata. Simultáneamente, un joven de 23 años, identificado como Javier López, recibió un disparo directo en el abdomen y falleció pese a los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia. Testigos señalaron que los disparos provenían de vehículos en movimiento y que varios casquillos fueron encontrados en el sitio.
Respuesta de las autoridades y la comunidad educativa
Tras el hecho, unidades de criminalística y de la Seccional de Investigación de Homicidios de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para recolectar evidencia balística, testimonios y grabar video de cámaras de vigilancia cercanas. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, emitió un comunicado exigiendo celeridad en la investigación y la captura de los responsables, resaltando la vulnerabilidad de la infancia frente a la violencia armada. Por su parte, la institución educativa donde estudiaba el menor publicó un mensaje de condolencia a la familia y anunció la suspensión de actividades académicas durante dos días como señal de duelo.
Reacción social y llamadas a la justicia
La noticia generó una ola de consternación en la comunidad. Vecinos se congregaron en la esquina del hecho para encender velas y colocar flores, mientras organizaciones de derechos humanos y juntas de acción comunitaria solicitaron una investigación exhaustiva y la implementación de medidas preventivas. En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaElNiñoDe13 se volvió tendencia local, con cientos de mensajes exigiendo justicia y mayor presencia estatal. Líderes comunitarios destacaron la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes.
Medidas de seguridad y perspectivas futuras
En respuesta, la Policía Metropolitana anunció la puesta en marcha de un plan de operativos focalizados en el oriente de la ciudad, con aumento de patrullajes motorizados y a pie, la instalación de puntos de control temporal y la oferta de una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que conduzca a la captura de los sospechosos. Asimismo, la Alcaldía de Cali señaló que revisará su estrategia de prevención de la violencia, fortaleciendo los programas de atención integral a adolescentes y la articulación con instituciones educativas para detectar riesgos tempranos. Expertos en seguridad urbana advierten que, sin una intervención integral que combine control territorial y desarrollo social, el riesgo de nuevos hechos similares permanecerá elevado en los próximos meses.
