Antecedentes del caso
El pasado 15 de marzo de 2026, María Camila Potosí, una mujer de 24 años residente del barrio Ladera de Cali, fue encontrada sin vida en su domicilio tras haber sido atacada con un objeto contundente. Según la versión preliminar de la Fiscalía General de la Nación, el crimen se enmarcó dentro de un conflicto de larga data con personas del entorno cercano, quien habría buscado vengarse por supuestas deudas y rencillas personales. El bebé de la víctima, nacido apenas semanas antes, fue hallado sin signos de vida en la misma vivienda, lo que elevó la gravedad del hecho a un doble homicidio que conmocionó a la comunidad.
Operativo policial y capturas
Tras semanas de investigación, la Policía Nacional, apoyada por el Grupo de Investigación Criminal (GIC) y la Unidad de Reacción Inmediata (URI), ejecutó un operativo coordinado en varios sectores de Cali y sus alrededores. El 30 de julio de 2026, agentes detuvieron a cinco individuos identificados como presuntos partícipes del crimen: Yulieth González, señalada como la presunta encargada de planificar el ataque; Luis Martínez, presunto ejecutor material; y tres acompañantes cuya presunta participación se relaciona con la logística y el encubrimiento. Las autoridades destacaron que los arrestos se realizaron sin incidentes y que se incautaron evidencia técnica, incluyendo mensajes de texto, grabaciones de videovigilancia y objetos vinculados al lugar de los hechos.
Declaraciones de autoridades y pruebas
En rueda de prensa, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Óscar Ramírez, affirmed that «las pruebas recopiladas permiten establecer una cadena de responsabilidad clara y que cada uno de los detenidos tendrá que responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y obstrucción a la acción penal\). Por su parte, la fiscal delegada del caso, Dra. Patricia López, indicó que se presentó la imputación formal y que se solicitó medida de aseguramiento intramural para todos los imputados, considerando la peligrosidad y el riesgo de fuga. Además, se ordenó la práctica de peritajes forenses adicionales para determinar con exactitud la causa de muerte tanto de la madre como del bebé.
Repercusiones sociales y judiciales
El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre la violencia intrafamiliar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a mujeres y niños en situación de riesgo. Organizaciones de derechos humanos y movimientos feministas realizaron vigilia frente al Palacio de Justicia de Cali, exigiendo sanciones exemplares y la implementación de políticas preventivas. Asimismo, varios medios locales han señalado que la resolución del proceso podría sentar un precedente en la forma en que la justicia trata los crímenes de género vinculados a la muerte de menores.
Perspectivas futuras
Los próximos pasos procesales incluyen la fase de audiencia de acusación, donde la defensa de los cinco imputados tendrá oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de descargo. Se estima que el juicio oral podría iniciarse a finales de 2026, aunque la carga del expediente y la posible solicitud de recursos de apelación podrían alargar el proceso. Mientras tanto, las autoridades han anunciado la puesta en marcha de un programa de acompañamiento psicosocial para los familiares de las víctimas y han reforzado los patrullajes en los sectores donde se registró el hecho, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia.
