El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que una de las primeras decisiones de su gobierno será eliminar la figura del Alto Comisionado para la Paz, medida que entrará en vigor a partir del 7 de agosto y que marcará un cambio en la política de seguridad del país.
Durante una alocución, el mandatario electo aseguró que su administración pondrá fin a la estrategia de «paz total» impulsada por el presidente Gustavo Petro. «Se acaba el comisionado para la paz. No habrá más procesos de falsa paz», afirmó al anunciar que la oficina encargada de liderar las negociaciones con grupos armados dejará de existir.
De acuerdo con De La Espriella, las funciones de esa dependencia serán reemplazadas por una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación del control territorial y el combate contra las organizaciones criminales. En ese sentido, señaló que su gobierno no dará continuidad a procesos de diálogo que, según su criterio, han favorecido el fortalecimiento de los grupos ilegales.
La decisión representa un giro frente a la política de paz implementada en los últimos años. La figura del Alto Comisionado para la Paz fue creada en 1983 y ha participado en los principales procesos de negociación del Estado colombiano con diferentes grupos armados, entre ellos el M-19, las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, esa oficina estuvo encabezada por Danilo Rueda y posteriormente por Otty Patiño, siendo uno de los pilares de la estrategia de «paz total».
El presidente electo también anunció que revisará los acuerdos, beneficios, ceses al fuego y demás mecanismos adoptados durante la actual administración como parte de esa política, con el propósito de redefinir la estrategia de orden público de su gobierno.
Con este anuncio, el Gobierno entrante anticipa un cambio en el manejo del conflicto armado, dejando atrás el modelo de negociación promovido por la administración saliente para dar paso a una política centrada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la autoridad del Estado frente a las estructuras ilegales.
