Una cifra que no cierra
En el Atlántico los homicidios de mujeres siguen rodeados de una zona gris estadística que dificulta dimensionar con precisión la magnitud de la violencia de género. Aunque se han reportado 76 casos de mujeres asesinadas, ni las autoridades ni los organismos de control logran determinar con certeza cuántos de esos deudos responden a un patrón de feminicidio, es decir, a un crimen motivado por la condición de género de la víctima.
Esa ambigüedad no es solo un problema técnico: tiene consecuencias reales sobre las víctimas, sus familias y las políticas públicas. Cuando un homicidio no se investiga con perspectiva de género, el responsable puede enfrentar una sanción menor y el Estado deja de ver el verdadero tamaño de una emergencia que se repite año tras año en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.
El problema de fondo: no hay una base de datos unificada
Uno de los principales obstáculos es la ausencia de una base de datos única y depurada sobre violencia contra las mujeres en el departamento. La información está dispersa entre Medicina Legal, la Fiscalía, la Policía, las alcaldías, las secretarías de salud y las comisarías de familia, lo que dificulta cruzar cifras, identificar patrones y tomar decisiones oportunas.
Especialistas en derechos humanos y violencia de género coinciden en que sin un registro consolidado es imposible diseñar una ruta de atención efectiva. Tampoco resulta viable medir si las medidas de prevención funcionan, ni asignar recursos donde más se necesitan. En la práctica, cada entidad trabaja con cifras distintas y el panorama se vuelve borroso.
Antecedentes: una deuda histórica con el registro
Colombia lleva más de una década debatiendo la necesidad de estandarizar el registro de feminicidios. Desde que el delito fue tipificado en 2015, el país avanzó en protocolos de investigación, pero en regiones como el Atlántico aún persisten debilidades en la recolección de datos, en la capacitación de peritos y en la aplicación del protocolo de necropsia con enfoque diferencial.
Organismos internacionales han señalado que las cifras invisibilizadas suelen traducirse en impunidad. Cuando un crimen no se clasifica como feminicidio, se pierde la oportunidad de investigar el contexto: amenazas previas, historia de violencia intrafamiliar, relación de pareja o expareja, y otros indicadores que podrían haber salvado la vida de la víctima.
Consecuencias directas
La imprecisión afecta a las víctimas sobrevivientes, que encuentran rutas de atención fragmentadas; a los investigadores, que carecen de herramientas para priorizar casos de riesgo; y a los jueces, que deben decidir sin un marco claro. También golpea a las organizaciones de mujeres, que reclaman mayor transparencia y sistematización de los datos para exigir políticas públicas con evidencia sólida.
Panorama futuro
El reto inmediato es construir un sistema de información integral que articule a todas las entidades, con variables de género, territorialidad y tipo de violencia. Solo con cifras confiables será posible diseñar alertas tempranas, fortalecer la judicialización y, sobre todo, salvar vidas. Mientras tanto, cada mujer asesinada sigue siendo un número que el Atlántico aún no sabe contar.









