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Ejército Nacional incauta 1,7 toneladas de marihuana a disidencias de las Farc en Santander de Quilichao: golpe financiero a estructura Dagoberto Ramos Ortiz

Contexto histórico de las disidencias en el Cauca

El departamento del Cauca, situado en la región suroccidental de Colombia, ha sido escenario durante décadas de intensas actividades relacionadas con la producción de sustancias ilícitas y el tránsito de cargas ilícitas. Su topografía montañosa y su posición geográfica lo convirtieron en una zona estratégica incluso después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cuando las disidencias de las Farc reconfiguraron sus estructuras para mantener la economía ilegal. Estos grupos armados residuales aprovecharon la transición posacuerdo para reestablecer rutas de contrabando, exigiendo así una respuesta permanente por parte de la Fuerza Pública para impedir la reapropiación de territorios clave. Asimismo, la presencia de otros grupos armados, como la estructura residual de la EX-EPLR, ha complicado aún más el escenario de seguridad en la zona, haciendo necesaria una articulación interinstitucional constante.

Detalle de la operación y interceptación en Santander de Quilichao

El operativo desarrollado el 12 de noviembre de 2026 contó con la participación de soldados del Batallón de Montaña N.º 8, adscritos a la Brigada 29 del Ejército, quienes realizaban patrullajes de control territorial en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao. Durante un retén instalado sobre una vía de acceso secundario, las unidades militares detectaron un vehículo tipo furgón que circulaba a velocidad aproximada y mostró señales de nerviosismo al avistarse el puesto de control. El conductor intentó evadir el retén realizando una maniobra brusca, lo que provocó una persecución breve y coordinada por parte de las tropas. Tras la interceptación, los efectivos inspeccionaron el automóvil y hallaron 1.700 kilogramos de marihuana distribuidos en fardos ocultos en la carga, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Golpe financiero a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz

El impacto económico de esta incautación resulta significativo para la red criminal al mando de Dagoberto Ramos Ortiz, uno de los frentes más activos de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las autoridades estiman que el valor comercial de la marihuana decomisada supera los 425 millones de pesos, una cifra que afecta directamente las finanzas operativas del grupo y limita su capacidad de adquisición de insumos, logística y pago de hombres. Este tipo de resultados operacionales debilitan la sostenibilidad de las estructuras armadas residuales y frenan su capacidad de expansión en zonas rurales del Cauca y departamentos vecinos.

Reacción institucional y continuidad de las operaciones

El Ejército Nacional ha destacado esta acción como parte de la estrategia permanente de contundencia operacional destinada a restaurar el orden público y reducir la injerencia de los grupos armados en zonas rurales. En comunicados oficiales, la institucionalidad militar reafirmó su compromiso de mantener controles permanentes, patrullajes sorpresa y cooperación con otras fuerzas de seguridad para interrumpir las cadenas de suministro ilícito. Además, se anunció el refuerzo de puestos de control en corredores viales identificados como críticos para el narcotráfico, con el objetivo de impedir que estructuras similares intenten nuevas rutas de escape o distribución.

Perspectivas a mediano y largo plazo en la región

Analistas consultados coinciden en que el éxito de operaciones como la de Santander de Quilichao dependerá de la sostenida presión militar acompañada de programas de desarrollo integral que ofrezcan alternativas legales a las comunidades rurales históricamente afectadas por la economía del cacao y la marihuana. Se anticipa que las disidencias de las Farc intentarán reajustar sus rutas o buscarán nuevas zonas de operación, por lo que se mantendrán las operaciones de inteligencia y vigilancia fronteriza. El objetivo a largo plazo es debilitar financieramente a estas estructuras hasta convertirlas en una amenaza residual, permitiendo así un entorno más seguro para la población civil y facilitando la reapertura de corredores productivos legales en la región del Cauca. Asimismo, se impulsa la articulación con entidades locales para fortalecer la economía legal y reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a la captación por parte de estos grupos armados.

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