Una sobreviviente atrapada entre la pérdida total y la indiferencia institucional
El pasado 7 de noviembre, la tierra tembló con fuerza en el suroccidente colombiano, dejando una estela de destrucción que aún hoy, semanas después, sigue cobrando facturas humanas invisibles. Entre los escombros de lo que fue el conjunto residencial Torres de Tequendama, en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo, yace la historia de Constanza Bahamón Cediel, una mujer que encarna la tragedia múltiple de las víctimas: la pérdida del hogar, la muerte de un ser querido, el colapso físico y la parálisis burocrática que impide el acceso a las ayudas estatales.
Constanza no solo sobrevivió al derrumbe de su apartamento en el segundo piso; estuvo al borde de la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de las lesiones sufridas durante el colapso estructural. Su cuerpo logró recuperarse, pero su mundo se desmoronó definitivamente cuando recibió la noticia de que su madre, quien se encontraba con ella al momento del sismo, no logró sobrevivir. El duelo por la progenitora se sumó a la pérdida total de su vivienda, sus enseres y su fuente de ingresos, sumiéndola en una precariedad absoluta.
El fantasma de Torres de Tequendama y la magnitud del desastre
El colapso de las Torres de Tequendama se convirtió en el símbolo trágico de la vulnerabilidad sísmica en la capital del Valle del Cauca. Testigos y equipos de rescate confirmaron que, detrás de la estructura principal, otro edificio vino abajo, sepultando vidas y sueños. En el lugar, coronas fúnebres improvisadas marcan el duelo colectivo por las víctimas fatales, recordando que detrás de cada cifra oficial hay rostros, nombres e historias truncadas. Cali, epicentro de la emergencia, vio cómo su infraestructura hospitalaria colapsaba ante la avalancha de heridos, mientras miles de familias pasaban las noches a la intemperie, temerosas de las réplicas.
El laberinto del ‘papeleo’: La segunda víctima de la tragedia
Una vez dada de alta médica, Constanza se enfrentó a un enemigo tan letal como el sismo: la burocracia administrativa. Para acceder a los subsidios de arriendo, bonos de vivienda o ayudas humanitarias prometidas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía, se le exige una documentación que, literalmente, quedó sepultada bajo los escombros. Certificados de tradición y libertad, escrituras, recibos de servicios públicos, documentos de identidad y constancias laborales son requisitos imposibles de cumplir para quien lo perdió todo en segundos.
«Es una burla a la dignidad», denuncian líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que acompañan a los damnificados. Los trámites digitales exigen conexiones a internet y dispositivos que muchos no tienen, y las ventanillas físicas, cuando funcionan, colapsan por la demanda masiva. Constanza, sin empleo, sin hogar fijo y con movilidad reducida tras su paso por la UCI, recorre oficinas sin obtener respuestas claras, atrapada en un círculo vicioso donde para pedir ayuda se necesita probar una existencia que el terremoto borró.
Panorama futuro: Reconstrucción lenta y deuda social pendiente
Mientras el Gobierno anuncia planes de reconstrucción a mediano plazo y la declaratoria de calamidad pública agiliza algunos recursos, la realidad en el terreno es otra. Organizaciones sociales advierten que la fase de emergencia humanitaria se está eternizando sin que se vislumbre una ruta clara para la reubicación definitiva de las familias de Torres de Tequendama y zonas aledañas. El riesgo de que damnificados como Constanza caigan en la invisibilidad estadística es alto, especialmente cuando los reflectores mediáticos se apagan.
La historia de esta caleña es el retrato fiel de una emergencia que no termina cuando deja de temblar la tierra. La reconstrucción física de la ciudad tomará años, pero la reparación integral de las víctimas —que incluye apoyo psicosocial, seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y agilidad en la entrega de subsidios— es una deuda que el Estado colombiano no puede seguir postergando. Constanza espera, entre el dolor y la incertidumbre, que la promesa de «no dejar a nadie atrás» deje de ser un eslogan para convertirse en una resolución administrativa que le devuelva la llave de una nueva vida.
