Denuncia de la Personería
El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, ha presentado una contundente denuncia ante la opinión pública y las autoridades, asegurando que el denominado periodo pedagógico del programa de ahorro de energía implementado por Air-e resultó ser una simple formalidad para miles de usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según los registros de la Personería, se han recibido cientos de quejas por cobros que los usuarios consideran injustificados, lo que sugiere que la fase de educación y sensibilización no logró su objetivo de proteger a los consumidores de tarifazos abruptos.
El documento presentado por la Personería revela que, mientras el gobierno y las empresas del sector argumentaron que el periodo pedagógico serviría para informar a los usuarios sobre las mejores prácticas de consumo, en la práctica estos cobros ya se estaban aplicando sin el debido aviso ni compensación. La denuncia puntualiza que el costo unitario de la energía alcanzó los $840,15 por kilovatio hora para los suscriptores de la región, una cifra que muchos consideran desproporcionada y ajena a los objetivos de un programa de ahorro.
Contexto: el programa de ahorro de energía en Colombia
El programa de ahorro de energía fue lanzado a nivel nacional a mediados de la década pasada como una estrategia para mitigar el impacto de las altas temperaturas en la demanda de electricidad y para fomentar el uso racional de los recursos. A lo largo de los años, se han implementado varias fases, siendo la más reciente la que establece un periodo pedagógico previo a cualquier ajuste tarifario, con el objetivo declarado de educar a los usuarios y permitirles ajustar sus hábitos de consumo antes de que se apliquen aumentos.
Sin embargo, el historial de este tipo de iniciativas muestra una repetición de problemas. En anteriores gestiones, se denunciaron casos similares en el Caribe colombiano, donde las tarifas aumentaron sin que los usuarios recibieran información clara o apoyo técnico para reducir su consumo. Además, la falta de mecanismos de reclamación efectivos ha generado una sensación de impotencia entre los afectados, quienes ven cómo sus facturas se incrementan sin una justificación transparente.
Impacto en los usuarios
Los afectados, que suman miles en los tres departamentos, enfrentan ahora facturas que en muchos casos superan en más del 50 % lo que pagaban en el período anterior. Familias de bajos ingresos, pequeños comercios y hasta instituciones educativas se han visto obligadas a recortar gastos en otros rubros esenciales para hacer frente a los cargos unexpectedly elevados. La situación se agrava por la percepción de que las autoridades reguladoras no han intervenido de manera oportuna para corregir el desajuste entre la intención del programa y su aplicación.
Los usuarios han recurrido a múltiples vías: desde llamadas a las líneas de atención de Air-e hasta presentaciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Muchos reportan esperas interminables y respuestas genéricas que no abordan el fondo del problema. La acumulación de quejas ha llevado a la Personería a solicitar una auditoría independiente del programa, con el fin de determinar si se han vulnerado los derechos de los consumidores.
Perspectivas de futuro
El nuevo interventor de Air-e, Ramiro Castilla, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y a revisar los mecanismos de implementación del programa de ahorro. Sin embargo, la comunidad exige medidas concretas: una revisión inmediata de las tarifas aplicadas, la devolución de los cargos considerados ilegales y la creación de un canal de comunicación más ágil y efectivo entre la empresa y los usuarios.
Desde el punto de vista regulador, se espera que la Superintendencia de Servicios Públicos emita un dictamen que establezca lineamientos claros sobre cómo deben operar los periodos pedagógicos, garantizando que estos sean realmente informativos y no meros formalismos. Además, se plantean reformas legislativas para reforzar la transparencia en la fijación de tarifas y para agilizar los procesos de reclamación.
Para los usuarios, el camino hacia delante implica no solo la corrección de los errores actuales, sino también la construcción de un sistema más justo y participativo donde la educación y el ahorro vayan de la mano con una tarificación equitativa. La denuncia de la Personería de Barranquilla puede convertirse en un punto de inflexión que impulse cambios estructurales en la manera como se gestionan los programas de ahorro energético en Colombia.
