La alarma de la gobernadora Adriana Magali Matiz
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió este martes que Colombia aún no cuenta con un sistema integral de gestión del riesgo que permita a las regiones enfrentar de manera eficaz desastres naturales, amenazas geológicas y emergencias derivadas del cambio climático. Durante una entrevista en el programa de María Isabel Rueda, la mandataria local señaló que la ausencia de una estructura nacional coordinada deja a departamentos como el Tolima en situación de vulnerabilidad, lo que ya se ha manifestado en recurrentes inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes que han afectado a comunidades enteras.
Matiz enfatizó que, a pesar de los avances en planificación territorial y la creación de entidades como la Oficina Nacional de Riesgos, el país no ha logrado integrar políticas públicas, herramientas tecnológicas y capacidades locales en un marco operativo único. «Necesitamos un sistema que no solo indique dónde puede ocurrir un desastre, sino que nos dé capacidad de respuesta inmediata, evacuación segura y recuperación acelerada», afirmó la gobernadora. «El Tolima ha sufrido por años por la falta de una articulación real entre las entidades nacionales y las autoridades regionales».
Contexto histórico: los intentos fallidos de una gestión integral del riesgo
Los esfuerzos por construir un sistema nacional de gestión del riesgo en Colombia se remontan a la década de 1990, cuando se adoptaron los primeros planes de prevención de desastres tras las devastadoras inundaciones de 1999. Posteriormente, se establecieron el Sistema Nacional de Atención de Emergencias (SNAL) y la Dirección de Riesgos del Ministerio del Interior, pero estos organismos han operado con presupuestos limitados y una coordinación deficiente. Estudios académicos han mostrado que la fragmentación institucional, la superposición de funciones y la falta de capacitación continua han debilitado la capacidad de respuesta.
En el Tolima, la geografía –una combinación de Andes, valles interandinos y riachuelos de montaña– propicia un alto riesgo de fenómenos como deslizamientos, desbordamientos y sismos. A pesar de la existencia de un plan departamental de riesgos, los recursos no han sido suficientes para implementar medidas de mitigación a gran escala, como la reubicación de asentamientos en zonas seguras o la construcción de infraestructura resistente a inundaciones.
Consecuencias directas para las comunidades del Tolima
Las repercusiones de esta deficiencia son visibles en el aumento de daños materiales, la pérdida de vidas y el impacto socioeconómico que sufren los habitantes. Según datos recopilados por la Secretaría de Desarrollo Territorial del Tolima, los eventos adversos registrados en los últimos cinco años han dejado más de 150 millones de pesos en pérdidas directas, además de generar un ciclo de pobreza y desplazamiento interno que afecta especialmente a las familias más vulnerables.
La gobernadora citó el caso de la vereda El Mirador, donde un deslizamiento ocurrido en 2023 arrasó con 12 viviendas, dejando a 45 personas sin hogar. «Aunque actuamos rápidamente con albergues temporales, la falta de una estrategia nacional de reconstrucción dejó a esas familias en espera de soluciones definitivas durante meses», narró Matiz. «Esto no solo es un problema logístico, es una cuestión de justicia social».
El panorama futuro y las demandas de la gobernadora
La mandataria no solo diagnosticó los problemas, sino que también planteó un plan de acción que, según ella, debería ser adoptado por el gobierno nacional. Sus propuestas incluyen:
- Crear un Fondo Nacional de Gestión del Riesgo con contribuciones obligatorias de todos los ministerios y una rendición de cuentas transparente.
- Implementar una Plataforma Digital Integrada que reúna información en tiempo real de sensores meteorológicos, cartografía de amenazas y bases de datos de población vulnerable.
- Desarrollar un Plan Nacional de Reubicación Segura para comunidades asentadas en zonas de alto riesgo, con programas de vivienda alternativa y apoyo económico.
- Fortalecer la capacitación continua de protectores civiles, cuerpos de bomberos y autoridades locales en simulacros y atención de emergencias.
Matiz instó al presidente y al Congreso a priorizar estas medidas en la agenda legislativa del próximo año, argumentando que «la inversión en prevención no solo salva vidas, sino que también reduce drásticamente los costos de reconstrucción». Un informe reciente del Banco Mundial señala que cada peso invertido en mitigación de riesgos puede ahorrar hasta cinco pesos en respuesta a desastres, lo que subraya la importancia de un cambio de paradigma hacia la prevención.
El llamado a una coordinación intergubernamental efectiva
Más allá de las políticas, la gobernadora enfatizó la necesidad de una verdadera coordinación intergubernamental. «Las entidades nacionales deben ver el riesgo como una prioridad compartida, no como una carga que delegamos a las regiones», afirmó. Propuso la creación de un consejo asesor binacional donde gobernadores, alcaldes y representantes del gobierno central puedan discutir estrategias de manera periódica, compartiendo recursos y mejores prácticas.
La propuesta de Matiz ha encontrado eco en varios sectores académicos y organizaciones no gubernamentales, que han expresado su apoyo a un marco más unificado. Sin embargo, expertos advierten que la implementación enfrentará obstáculos políticos y burocráticos si no existe un compromiso político sólido. «La voluntad existe, pero se necesita liderazgo para superar los intereses sectoriales y poner el bienestar de la ciudadanía en el centro», concluyó la gobernadora.
