Hechos que conmocionan al Caribe colombiano
Un video que circula masivamente en redes sociales desde la mañana de este viernes ha desatado una ola de repudio nacional. Las imágenes, grabadas en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), muestran el momento en que varios asistentes a una corraleja tradicional prenden fuego a los cuernos de un toro mientras el animal corre desesperado por el ruedo improvisado. La escena, que dura apenas unos segundos, ha sido calificada por defensores de los derechos animales como «un acto de barbarie que evidencia la crueldad inherente a estos festejos».
Testigos presenciales consultados por este medio —bajo reserva de identidad por temor a represalias— relataron que el hecho ocurrió durante las fiestas patronales del corregimiento de La Peña, donde se había instalado una estructura de madera para la lidia de reses bravas. Según los relatos, un grupo de jóvenes habría rociado combustible sobre los pitones del animal antes de encenderlos, provocando que el toro embistiera contra las tablas y cayera exhausto minutos después.
Contexto legal: la pulseada entre tradición y normativa
El incidente no es un hecho aislado, sino que se produce en medio de un intenso debate legislativo que polariza al Congreso de la República. Treinta y tres congresistas de diversas bancadas han radicado un Acto Legislativo cuyo objetivo declarado es revertir la Ley 2047 de 2020 —conocida popularmente como Ley No Más Olé— y anular las sentencias de la Corte Constitucional que, desde 2018, han ido restringiendo las corridas de toros, rejoneo y corralejas bajo el argumento de que constituyen maltrato animal inconstitucional.
La iniciativa parlamentaria cuenta con el respaldo público de figuras como Jota Pe Hernández, Andrés Forero y Andrés Guerra, quienes argumentan que la prohibición atenta contra el patrimonio cultural inmaterial de la región Caribe y genera impacto económico negativo en municipios que dependen de estas festividades. Por su parte, la bancada animalista y organizaciones como AnimaNaturalis y Fundación Río advierten que el Acto Legislativo busca «legalizar la tortura» y retroceder tres décadas de jurisprudencia en protección de seres sintientes.
Reacciones en cascada y exigencias a las autoridades
Desde la gobernación del Atlántico, el despacho del gobernador Eduardo Verano emitió un comunicado en la tarde de este viernes condenando «cualquier acto de crueldad» y anunció que la Secretaría de Interior y Convivencia ya solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía la apertura de investigación penal contra los responsables directos y los organizadores del evento. La Ley 1774 de 2016 tipifica el maltrato animal como delito con penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaElToroDeSabanalarga superó las 45.000 menciones en menos de seis horas. Ciudadanos, influencers y figuras públicas —entre ellas la senadora Andrea Padilla y el representante Juan Carlos Losada— exigieron medidas ejemplares y pidieron a la Procuraduría General que investigue si hubo omisión de las autoridades locales al permitir el desarrollo de la corraleja pese a las restricciones vigentes.
Antecedentes: una región dividida
Las corralejas —donde el toro no es muerto sino lidiado por aficionados en un ruedo de tablas— son tradición centenaria en Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico. Sin embargo, desde la Sentencia C-041 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la excepción cultural para las corridas de toros en Manizales, la jurisprudencia se ha extendido a las corralejas. En 2022, la Sentencia SU-016 ordenó a los municipios abstenerse de autorizar espectáculos con toros, aunque varios alcaldes han desoído el fallo amparándose en la autonomía territorial.
En Sabanalarga específicamente, el alcalde Jorge Manotas (elegido en 2023) había manifestado en campaña su intención de «preservar las tradiciones», lo que generó críticas de colectivos animalistas locales. El año pasado, una corraleja en el mismo municipio terminó con tres heridos graves y la muerte de un novillo por estrés térmico, sin que se abriera proceso sancionatorio alguno.
Panorama futuro: ¿punto de inflexión o impunidad reiterada?
El caso de Sabanalarga podría convertirse en caso testigo para la Fiscalía, que hasta ahora ha logrado pocas condenas efectivas por maltrato en espectáculos taurinos. Expertos en derecho animal como el profesor Carlos Andrés Baquero (Universidad del Rosario) señalan que la viralización del video proporciona prueba fílmica contundente —elemento que ha faltado en procesos anteriores— y obligaría a jueces a aplicar la normativa vigente sin excusas culturales.
Mientras tanto, el Acto Legislativo 010 de 2024 cursa su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Su aprobación requeriría ocho debates en dos legislaturas y eventual revisión de constitucionalidad. Organizaciones ciudadanas ya anuncian una marcha nacional para el próximo 20 de octubre en Bogotá, Cartagena y Barranquilla bajo la consigna «Ni un paso atrás: la crueldad no es cultura».
La noche de este viernes, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la identificación de cuatro presuntos implicados gracias al análisis del material audiovisual. Se espera que en las próximas horas se soliciten órdenes de captura y se cite a indagatoria al organizador del evento, cuyo nombre se reserva por disposición judicial. El toro, según fuentes veterinarias, fue sacrificado de emergencia tras presentar quemaduras de tercer grado y shock hipovolémico.
