Contexto y antecedentes
En los últimos años, el proceso de paz en Colombia ha enfrentado desafíos significativos con la presencia de grupos armados ilegales que, pese a los acuerdos de desarme, han mantenido estructuras de resistencia en regiones como el Putumayo. La CNEB, siglas que corresponden al Comando Nacional de Ejército Bolivariano (o según fuentes locales, la estructura disidente de la ex‑FARC conocida como Comité Nacional de los Embates Bolivarianos), ha sido objeto de seguimiento por parte de la Consejería de Paz y del Gobierno nacional.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han creado mecanismos de reinserción como la Zona de Utillaje Temporal (ZUT), diseñada para ofrecer un espacio seguro donde los excombatientes puedan acceder a asistencia humanitaria, capacitación y seguimiento psicosocial antes de su reintegración plena a la vida civil. En Putumayo, la ZUT se estableció en 2023 como parte de la estrategia de atención territorial en zonas de alta vulnerabilidad.
El ingreso a la ZUT y la petición de diálogo
El 3 de agosto de 2026, un grupo de 99 disidentes pertenecientes a la CNEB se presentaron ante las autoridades municipales del Valle del Guamuez para formalizar su ingreso a la ZUT. Según imágenes difundidas por la Consejería de Paz y la AFP, el acto protocolario incluyó la entrega de credenciales, una breve exposición de sus motivaciones y la firma de un compromiso de cumplimiento de las normas de la zona.
Al concluir el procedimiento, los representantes del grupo solicitaron expresamente al alto funcionario Abelardo De La Espriella, titular de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que dé continuidad a su proceso de reincorporación. En un comunicado leído públicamente, afirmaron: ‘Solicitamos diálogo y garantías para avanzar en nuestras metas de reinserción sin retrocesos’. La petición subraya la preocupación de los disidentes por la posible interrupción de los subsidios, los programas de capacitación y el acompañamiento psicológico que actualmente reciben.
Implicaciones y perspectivas futura
El ingreso de estos 99 individuos representa un avance medible en la estrategia de desarme y desarticulación de estructuras criminales en el Putumayo, departamento históricamente afectado por el cultivo ilícito de coca y la presencia de grupos armados. Analistas de la Universidad Nacional señalan que la efectividad de la ZUT dependerá de la capacidad del Estado para mantener los recursos necesarios y de la voluntad de los excombatientes de cumplir con los compromisos adquiridos.
Por su parte, Abelardo De La Espriella ha indicado, en declaraciones previas a la prensa, que su oficina está revisando los casos de ingreso a la ZUT y que se abrirán mesas de diálogo con los representantes de la CNEB para abordar sus inquietudes. Sin embargo, advierte que cualquier continuidad del proceso estará condicionada al cumplimiento estricto de los lineamientos de desarme, la renuncia a actividades ilícitas y la colaboración con las autoridades judiciales.
En el panorama futuro, se espera que la ZUT en Putumayo sea ampliada para atender a un mayor número de personas en proceso de desmovilización, siempre que se garantice la financiación adecuada y la coordinación entre los ministerios de Defensa, Interior y Salud. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos de seguimiento independiente que garanticen la transparencia y la efectividad de los programas de reincorporación.
