La afirmación del presidente respecto a que determinada práctica «se ha practicado desde hace décadas» representa un patrón recurrente en la retórica gubernamental colombiana cuando se enfrenta a cuestionamientos de instituciones de control como la Defensoría del Pueblo. Este tipo de argumentación, conocida como el argumento de la tradición o la continuidad, busca legitimar acciones presentes apelando a su histórico ejercicio, sin embargo, olvida que la mera existencia de una práctica durante años no la hace automáticamente legítima o ajustada a derechos fundamentales. En el contexto nacional, esta Estrategia de defensa resulta particularmente preocupante cuando se utiliza para justificar medidas que afectan derechos de poblaciones vulnerables, pues implica una negación del cambio institucional y una resistencia a la actualización de políticas públicas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, como garante constitucional de los derechos de los ciudadanos, cumple un rol fundamental al interponer reparos ante prácticas que considera violatorias, y su voz no puede ser desacreditada simplemente por invocar la rutina administrativa acumulada durante décadas.
LLas consecuencias de adoptar una postura gubernamental que dismiss los reparos institucionales con el argumento de la tradición son profundas para la democracia colombiana. Primero, se erosiona la separación de poderes al marginalizar el rol de control y vigilancia que ejercen organismos como la Defensoría, cuya función constitucional incluye precisamente señalar prácticas irregulares independientemente de cuánto tiempo Llevan ejecutándose. Segundo, se envía un mensaje peligroso a las entidades territoriales y a los servidores públicos de que la continuidad de una práctica la exonera de escrutinio jurídico, lo cual puede incentivarfuturas vulneraciones de derechos con la justificación de que «siempre se ha hecho así». Tercero, se genera un deterioro en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado, pues los habitantes percibirán que los mecanismos de protección de sus derechos son inoperantes cuando el poder ejecutivo decide sostener prácticas controversiales. La historia institucional colombiana demuestra que muchas prácticas heredadas de décadas pasadas fueron precisamente las que generaron los conflictos sociales y armados que hoy atormentan al país.
LDesde una perspectiva de análisis político nacional, lo sucedido refleja una tensión estructural entre el ejecutivo y los organismos de control que ha caracterizado distintos gobiernos en la historia reciente de Colombia. La relación entre la Defensoría del Pueblo y la presidencia ha atravesado momentos de colaboración fructífera y de confronto directo, dependiendo de la naturaleza de los temas en disputa y del contexto político vigente. Lo que resulta particularmente relevante en este caso es la oportunidad perdida para el diálogo institucional: en lugar de un debate sustantivo sobre los méritos o deficiencias de la práctica cuestionada, se optó por una respuesta que apela a la autoridad de la continuidad sin atender los argumentos de fondo presentados por la institución defensora. Esta dinámica podría interpretarse como un síntoma de la concentración de poder en el ejecutivo y de la debilidad relativa de los mecanismos de contrapeso institucional, fenómeno que diversos analistas han señalado como un riesgo para la consolidación democrática en el país. El llamado a la reflexión debe incluir la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo técnico entre el gobierno y los organismos de control, trascendiendo la lógica de confrontación política para avanzar hacia una gestión pública que priorice el respeto efectivo de los derechos fundamentales por encima de cualquier consideración de continuidad histórica.
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