La reciente decisión del Tribunal Constitucional que avaló la constitucionalidad de la reforma tributaria ha sido aprovechada por el presidente para intensificar su llamado a una asamblea constituyente, configurando un escenario político de alta complejidad. Entre las causas estructurales destaca la profunda insatisfacción popular con el modelo de Estado heredado, la percepción de desigualdad creciente y la demanda de mayor participación ciudadana en la definición de normas fundamentales. Además, la falta de consenso interno en el Congreso y la fragmentación de los partidos tradicionales han creado un vacío institucional que el ejecutivo intenta llenar mediante la convocatoria a una Asamblea, una estrategia que busca legitimar su agenda reformista y desplazar la agenda oposicionista. La interacción de estos factores ha generado una presión acumulada que se manifiesta tanto en protestas callejeras como en intensas discusiones en los medios, reflejando un clima de polarización que compromete la estabilidad institucional.
LEl impulso a la asamblea constituyente conlleva consecuencias de amplio alcance para la gobernanza y el marco jurídico colombiano. En el plano institucional, la convocatoria puede desencadenar una revisión profunda de la Carta Magna, potencialmente alterando la distribución de competencias entre los niveles de gobierno, el régimen de derechos sociales y la estructura del sistema electoral. Económicamente, la incertidumbre jurídica que acompaña a procesos de reforma constitucional tiende a afectar la inversión extranjera y la confianza de los mercados, lo que podría ralentizar la recuperación post‑pandemia. Políticamente, el movimiento fortalece a los sectores populistas y a las liderazgos emergentes que buscan canalizar el descontento social, mientras que simultáneamente debilita a los partidos tradicionales que se ven forzados a posicionarse entre la defensa del statu quo y la apertura a cambios estructurales, creando una dinámica de confrontación que podría derivar en bloqueos legislativos o incluso en episodios de violencia política si no se gestionan adecuadamente los reclamos sociales.
LEn el horizonte, la convocatoria a una asamblea constituyente plantea retos críticos para la cohesión nacional y la capacidad del Estado para responder a los desafíos estructurales del país. La necesidad de construir consensos amplios implica la inclusión de diversos sectores, como los indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, cuya participación será esencial para legitimar cualquier proceso de reforma. Sin embargo, el riesgo de que la asamblea se convierta en un espacio de confrontación ideológica más que de diálogo constructivo podría profundizar la fragmentación social y generar una nueva ola de protestas. Por tanto, el presidente debe equilibrar su estrategia de presión política con mecanismos de garantía institucional que aseguren la transparencia, la participación inclusiva y la estabilidad macroeconómica, de modo que la aspiración a una nueva carta constitucional se traduzca en una oportunidad para el fortalecimiento democrático y no en una fuente de inestabilidad prolongada.
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