La disparidad salarial en Colombia se estructura desde una matriz histórica de exclusión que vincula precariedad laboral, informalidad rampante y desigualdad de género, impidiendo que millones de mujeres accedan a ingresos dignos ni a protección social efectiva. Este fenómeno no es casual: responde a políticas públicas que han priorizado la flexibilidad por encima de los derechos, empujando a cuidadoras y trabajadoras hacia sectores estacionales y mal remunerados donde la sindicalización es asfixiada. Analizar estas causas implica reconocer pactos corporativos y reformas tributarias regresivas que subsidian el capital y gravan el trabajo reproductivo, lo que profundiza la dependencia económica y limita autonomías ciudadanas frente a ciclos de deuda y violencia estructural.
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