El gobierno de Venezuela acusó este lunes a la petrolera estadounidense ExxonMobil de haber pagado «lobby» para que Chevron saliera del país sudamericano.
A inicios de este mes, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar operaciones, días después de que el presidente Donald Trump anunció su decisión de revertir concesiones al petróleo venezolano.
“ExxonMobil pagó lobby para que sacaran a Chevron de Venezuela”, aseguró la vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin más pruebas que un documento titulado “Sanciones sobre el petróleo venezolano, menos dinero significa menos poder”.
“Hicieron un documento para incidir en los decisores, en las autoridades de la Administración de los Estados Unidos de Norteamérica a efectos de decir que más sanciones no solamente causan más sufrimiento económico en la población, sino que generan más posibilidades de cambio de régimen”, afirmó en conferencia de prensa.
Rodríguez señaló como “autores intelectuales” del documento a Juan Zarate, exasesor de seguridad nacional de EEUU, a quien calificó como “el zar de las sanciones”; David Scott, gerente de programas y servicios empresariales de la contratista militar Northrop Grumman, y al vicepresidente senior de operaciones globales de ExxonMobil, Peter Williams.
Además, responsabilizó a ExxonMobil de si algo llega a ocurrirle a algún alto funcionario del gobierno que integra.
El fin de semana, Maduro reconoció que la suspensión de la licencia “dañó” las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca que condujeron a la deportación de tres grupos de migrantes irregulares en territorio estadounidenses el mes pasado.
En varias ocasiones, funcionarios del gobierno de Maduro han cuestionado que ExxonMobil efectúe exploraciones petroleras en áreas marítimas pendientes por delimitar con la vecina Guyana.
De acuerdo a Rodríguez, ExxonMobil ayudó a financiar la demanda territorial de Guyana contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ambos países consideran suyo el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales.
La controversia se agudizó en años recientes, luego de que el gobierno guyanés otorgó concesiones petroleras en áreas pendientes de delimitación.
Mientras Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966 es el único mecanismo válido para dirimir el conflicto sobre la soberanía, Guyana insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia y que el Estado venezolano considera nulo e írrito.
Guyana acudió unilateralmente ante la CIJ que se declaró competente para examinar la disputa y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, pero Venezuela rechaza su jurisdicción.
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