Tres personas fueron aseguradas por, presuntamente, estar implicadas en hurtos en Cartagena

Por solicitud de fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata, URI,  dos jueces de control de garantías de Cartagena (Bolívar) aseguraron en distintos procesos judiciales a tres personas, presuntamente, dedicadas a cometer hurtos en las calles de la heroica.

El primero de los procesos ocurrió el pasado 26 de febrero en el centro histórico donde desconocidos, al parecer, intimidaron con un arma blanca a una turista que transitaba por el lugar, le hurtaron sus pertenencias y se dieron a la huida.

Witfeeth Filoth Manuel cuando fue capturado por la Policía Nacional.

Poco después y gracias a una rápida acción de la Policía Nacional fueron capturados en el barrio Crespo Julio César Arroyo Hurtado y Miguel Ángel Hurtado Ortiz quienes, presuntamente, tenían en su poder los elementos hurtados de la víctima; además de un arma blanca, supuestamente, utilizada en el robo.

Por un hecho similar fue judicializado Witfeeth Filoth Manuel, quien habría participado en el hurto de una motocicleta. Estos hechos ocurrieron el 22 de febrero pasado en el barrio Tesca.

Julio César Arroyo Hurtado y Miguel Ángel Hurtado Ortiz, quedarán recluidos en la cárcel Ternera de Cartagena.

Poco después del hurto, el vehículo fue inmovilizado por uniformados de la Policía Nacional y su conductor detenido como posible responsable del delito.

Durante las audiencias concentradas ninguno de los procesados se allanó a los cargos y por disposición del juez todos deberán cumplir su reclusión en la cárcel Ternera de Cartagena.

La Fiscalía habla con resultados.

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MEVA/MAGA/PP/RA

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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