Por agresión a servidor público y violencia intrafamiliar envían a prisión a un hombre en Sevilla

Un hombre de 21 años de edad fue enviado a prisión como presunto responsable de agredir a una patrullera de la Policía Nacional cuando esta lo requirió durante una diligencia de restablecimiento de derechos por violencia intrafamiliar contra una menor de edad.

La decisión la adoptó un juez de control de garantías de Sevilla (Valle del Cauca) tras acoger la petición que en tal sentido realizó la Fiscalía General de la Nación. 

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 24 de febrero cuando el hoy imputado, al parecer, ingresó a un centro zonal del ICBF del municipio en mención donde habría intentado sacar a la fuerza a una menor de 14 años de edad que, presuntamente, sería su compañera sentimental. Según consta en el proceso, la menor vendría sido agredida por el procesado.

Ante la negativa de ingreso al procesado, por parte de una uniformada de la Policía éste, supuestamente, la agredió a ella y a un compañero suyo; al igual que al abogado de la víctima; además de haber sacado a la menor por la fuerza del lugar haciendo uso de un cuchillo. Finalmente, las autoridades capturaron en flagrancia al presunto agresor.

La Fiscalía, en las audiencias concentradas, imputó al capturado los delitos de violencia contra servidor público agravada y violencia intrafamiliar agravada.

El presunto responsable, quien no aceptó cargos, deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

MAP/MAGA/SMLR/

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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