Personas militares y policías víctimas de minas antipersona entregan informe a la JEP

*El informe, “Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, hace revelaciones importantes sobre la continuidad actual del fenómeno de métodos y medios de guerra ilícitos y la impunidad que rodea a esta política sistemática de los grupos armados organizados al margen de la ley.

La Corporación MilVíctimas en representación de militares y policías víctimas del conflicto, presenta en la ciudad de Villavicencio ante la Jurisdicción Especial Para la Paz, el informe, “Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, un documento que reúne la versión de quienes portando el uniforme fueron víctimas del empleo sistemático de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.

El informe reitera ante la Justicia Transicional, denuncias sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crimen de guerra y lesa humanidad, cometidos por las Farc en contra de la Fuerza Publica y la población civil colombiana, por medio de la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra. Igualmente, evidencia la exclusión y revictimización a la que han estado sometidas durante años las personas militares y policías víctimas de estos hechos y sus familias, quienes aún hoy en día se enfrentan a barreras y dificultades para acceder a su reconocimiento como victimas ante los organismos del Estado y la sociedad.

El informe incluye tres capítulos, el primero de ellos se titula Hagamos Memoria, y aporta cifras y contexto sobre la utilización de métodos y medios de guerra, poniendo en evidencia, la manera en que las Farc instauraron en su accionar criminal, la guerra de minas como una política despiadada que pretendía afectar no solo de manera indiscriminada a la ciudadanía y la Fuerza Pública , sino también desmoronar la moral de las tropas, generar ventaja estratégica sobre las tropas, afectar la economía de Estado y dar origen a una generación de miembros de la Fuerza Publica lesionados, amputados y con altos indicies de discapacidad en sus filas, tal como se describe en el Plan Renacer de las Farc.

La Fuerza Pública, principal víctima de minas antipersona y artefactos explosivos
Cifras reportadas a en este año por la Unidad para las Víctimas, reportan cerca de 12.031 víctimas de minas antipersona en Colombia, causando entre 1988 a 2012, un total de 2.119 colombianos asesinados en estas trampas mortales.

Según cifras de la Oficina para el Alto Comisionado para la Paz, de 1990 al 2020 se registraron un total de 11.986 victimas de minas antipersona, de las cuales, la considerable cifra de 7.225, que corresponde al 60 por ciento de las víctimas, pertenecían a miembros de la Fuerza Pública.

En las cifras aportadas en el informe se describe en detalle la afectación a la Fuerza Pública en el periodo de 2012 al 2020, registrando de la Policía 247 hombres y 6 mujeres víctimas para un total de 253, mientras que en el caso del Ejercito Nacional se advierte un número superior de víctimas registradas 1.547 soldados, 249 Suboficiales, 77 Oficiales para un total de 1.873 y finalmente, en el caso de la Armada Nacional las afectaciones de: 5 oficiales, 52 Suboficiales, 160 Infantes Profesionales y 77 Infantes Regulares arrojan un total de 294 afectados.

Un fenómeno que continua y afecta los derechos de las víctimas dentro del Sistema Integral
La utilización de métodos y medios de guerra ilícitos y el abordaje que durante años se la ha dado al fenómeno, va en contravía de las garantías de las víctimas en términos de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, situación que complejiza aún más sus circunstancias y conlleva incluso a la revictimización.

Dentro de las causas que hace más difícil la garantía de los derechos de las personas victimas de minas antipersona se destaca, el desconocimiento del tecnicismo relacionado con esta modalidad de violencia que genera una incorrecta visibilización y reconocimiento de víctimas y la disparidad en la consolidación de datos y cifras reportadas por los organismos e instituciones de carácter oficial, que no permite una caracterización precisa del fenómeno y su afectación a la sociedad.

De otro lado, la continuidad del fenómeno que se perpetua de manera sistémica y heredada por prácticas empleadas de manera ilícita por las Farc, afecta las garantías de no repetición, poniendo en riesgo la consolidación de la paz en el territorio. Una evidencia de ello son las cifras oficiales ofrecidas por el CENAM, que registraron para el 2021, 266 personas militares víctimas de artefactos explosivos improvisados, y la neutralización de 5.323.

Hallazgos del informe: Impunidad y revictimización
Tras varias jornadas de trabajo con personas militares y policías víctimas de métodos y medios de guerra ilícitos en el departamento del Meta y otras regiones del país, con enfoque psicosocial y diferencial a través de la acción sin daño, esta población víctima fue protagonista de la elaboración de documento que presenta a la Jurisdicción Especial para la Paz, una descripción de los daños por revictimización, afectaciones directas e indirectas, y los importantes porcentajes de discapacidad en las víctimas, que padecen las personas miembros de la Fuerza Publica víctimas del empleo de armas no convencionales y prohibidas por el DIH.

Se destacan dentro de los hallazgos el nivel de impunidad que tiene estos hechos relacionados con la utilización de minas antipersona, que representan una grave infracción al DIH convencional, consuetudinario, a sus principios, a sus normas, a las normas de la guerra; una manera de ejercer las hostilidades en contra el Estado colombiano desde la perfidia, los ataques indiscriminados y la deshumanización. Sin duda alguna, el uso de métodos y medios ilícitos por parte de las FARC durante el conflicto armado transgredió entre otros de manera grave el principio de distinción, limitación y humanidad en el desarrollo de las hostilidades, sin que hasta el momento allá una sanción penal por estos hechos. Los índices de investigación en la justicia ordinaria en torno a los crímenes derivados del uso de métodos y medios ilícitos de guerra denotan impunidad de cara a los archivos o autos inhibitorios por imposibilidad de determinar al sujeto activo o perpetrador de la conducta.

Dentro de los hallazgos jurídicos se destaca también la relación o conexidad entre el empleo de métodos y medios ilícitos de guerra y el desplazamiento forzado; la persistencia de dificultades para el reconocimiento ante la UARIV de personas militares, policías y sus familias afectados por esta modalidad de violencia; y el desconocimiento generalizado en torno a los derechos que tienen las víctimas por su condición como tal, independiente de lo concerniente a las indemnizaciones propias del régimen especial de las Fuerzas Militares.

Con la presentación de este informe, la Corporación MilVíctimas espera que en el marco de la Justicia Transicional, las personas militares y policías sean reconocidas como blanco de una política sistemática de uso de métodos y medios de guerra ilícitos planeada y ejecutada durante años por las Farc, que no solo ha causado terror y un gran numero de víctimas en la población sino que además ha afectado el Estado en su conjunto, los bienes estratégicos de los colombianos y la consolidación de la paz en los territorios. El reconocimiento de las víctimas y la garantía plena del ejercicio de sus derechos, es una petición justa de las personas militares, policías y sus familias, quienes esperan también por verdad, justicia y reparación.

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