Parlamento de Venezuela retoma discusión de ley que amenaza a las ONG
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela retomó la discusión de un proyecto de ley que regula a las ONG, considerado por la sociedad civil e instancias internacionales como una amenaza al «derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública».
Tras avanzar en el debate y aprobar varios artículos, la AN, de mayoría oficialista, difirió la segunda discusión para una «próxima sesión», sin especificar fecha. Usualmente las sesiones del parlamento son martes y jueves.
El gobierno sostiene que la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines» busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.
El argumento del legislativo oficialista también se basa en que en Venezuela hay al menos 62 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.
El Parlamento, que avanzó hasta la aprobación del artículo 29 del proyecto de ley, acordó reiniciar este miércoles las consultas para aprobar en los próximos días la «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», que prohibiría los mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla severas sanciones penales y administrativas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), instó a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que restringe a las ONG.
“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre de espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, escribieron en X este martes.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las “restricciones incompatibles” que aseguran establece el marco jurídico.
“La reanudación del estudio del proyecto de ley se realiza en un contexto de feroz represión post-electoral contra activistas, periodistas, abogados, ONG, etc que ha creado un clima de temor generalizado en Venezuela”, expuso en X.
El Alto Comisionado para DDHH de la ONU, Volker Türk, expresó este martes su preocupación por la posible aprobación de las dos leyes.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el lunes a acelerar la aprobación de las legislaciones contra el «fascismo», regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, de acuerdo a la fiscalía, han dejado 25 muertos.
El organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.
El gobierno ha acusado a González Urrutia y la líder opositora, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, de promover el “fascismo” en el país.
En enero de este año, la AN inició las consultas públicas del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin fines de lucro.
Su aprobación en primera discusión, en enero de 2023, fue cuestionada por representantes de al menos 400 organizaciones que advirtieron que se dio por “vía exprés” e irrespetando procedimientos para la formación de leyes. Además, han advertido que la ley busca “ilegalizarlas” masivamente, tal y como ha ocurrido en Nicaragua, así como “suprimir” el derecho de asociación.
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