El gobierno de Estados Unidos pareciera no tener dudas sobre la victoria de Edmundo González en los comicios del 28 de julio en Venezuela, pese al resultado entregado por el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Nicolás Maduro y que la oposición cataloga como fraudulento. Esta posición de Washington podría jugar un rol “fundamental” en la crisis postelectoral del país, según expertos.

“Yo creo que el papel de Estados Unidos es importante, pero no puede ser unilateral y debe ir de la mano de una respuesta regional que tiene que surgir por una preocupación compartida de los líderes democráticos de la región”, dijo a la Voz de América Tamara Taraciuk Broner, directora del programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, un centro de análisis en Washington.

La colaboración entre Estados Unidos y otros países de la región podría, según la experta, “mostrarle a Maduro y a los que lo rodean que no van a poder gobernar así porque no van a tener acceso a mercados, porque ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Turquía han abordado o solucionado la crisis económica de Venezuela”.

¿Es posible una amnistía?

Aunque reportes recientes del periódico The Wall Street Journal alegaban una posible negociación de amnistía a Maduro a cambio de dejar el poder, el gobierno estadounidense aseguró que no ha propuesto ningún perdón al presidente venezolano.

Según el Departamento de Estado, tampoco estarían considerando imponer nuevas sanciones en el corto plazo contra Venezuela, en espera al resultado de un posible diálogo entre las partes.

Contra Maduro pesan cargos por narcotráfico en el Departamento de Justicia de EEUU y una recompensa de 15 millones de dólares que ofrece la agencia desde 2020 por información que conduzca a su arresto.

El 9 de agosto, en declaraciones frente al Tribunal Supremo en Caracas, Maduro aseguró: “Yo le respondo a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿están dispuestos a darme lo que sea? Deme respeto a Venezuela, respeto a esta constitución, respeto a la independencia… no te metas en los asuntos internos de Venezuela”.

Legisladores republicanos como Rick Scott, un fuerte crítico de la administración de Joe Biden, dijo a la VOA que Washington debe “reconocer a Edmundo González como presidente electo” y “asegurarse de que no lleguen fondos ni asistencia estadounidenses a Maduro”.

Scott, senador republicano por Florida, agregó que EEUU podría “imponer sanciones” a los países “que prestan asistencia a Maduro” con el fin de ejercer más presión sobre él. Sobre la idea de una amnistía, aseguró que “si así es como los venezolanos tienen su libertad, eso es lo que tendremos que hacer mientras ninguna de esas personas vengan a EEUU”.

“Si el resultado es que va a dejar el poder, creo que deberíamos tener esas conversaciones. Si es para que se quede en el poder, no creo que haya que tener ninguna conversación”, agregó Scott.

El senador considera que muchos de sus colegas en el Congreso apoyarían la propuesta, pero estableció como condiciones que ni Maduro ni “la gente que lo rodea” puedan ingresar o hacer negocios en Estados Unidos.

El abogado Igor Cuotto, especialista en resolución de conflictos, dijo a la VOA que de ofrecerse una amnistía, tendría que evaluarse a cuáles personas vinculadas al gobierno de Maduro estarían dispuestos a extender este beneficio. “Cómo entonces generar un acuerdo en el cual la salida sea lo suficientemente honorable para que él no se vea empantanado”, dijo.

En el lado demócrata, el senador Chuck Schumer ha reiterado que “las pruebas presentadas hasta ahora por observadores electorales creíbles indican claramente que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos” y llamó a Maduro a “respetar a los votantes venezolanos y emprender una transición pacífica”.

“Hoy Venezuela está en un punto de inflexión y los dos posibles caminos son que se transforme en una dictadura pura y dura… o el otro camino que es mucho más beneficioso para todo el mundo menos para Maduro y los pocos que están aferrados al poder con él, es el camino de una negociación que no es un diálogo, porque aquí no estamos hablando de una conversación entre partes iguales, sino que es una negociación donde se les ofrezca incentivos para irse mostrándoles que ese es el mejor camino que tienen”, explicó Taraciuk Broner.

El abogado Cuotto acordó que cualquier negociación por parte de EEUU u otros países de la región debe ser para “la salida del presidente (Maduro). No se puede estar negociando otra cosa, porque si tú empiezas a negociar una cosa distinta, vas en contra del espíritu de lo que supuestamente manifestó la soberanía popular”.

Un camino al diálogo

La Casa Blanca asegura que apoya los esfuerzos diplomáticos de Colombia, México y Brasil para que el gobierno y la oposición venezolana entablen una negociación que resuelva la disputa electoral y para que haya una “transición pacífica de regreso a las normas democráticas”.

“Yo creo que Estados Unidos tiene un papel fundamental para jugar, pero esta debe ser una respuesta regional. No hay una solución a Venezuela que venga solo de EEUU”, agregó Taraciuk Broner, quien dijo que el rol de los presidentes Lula, López Obrador y Petro también son importantes pero deben evitar “legitimar” a Maduro.

El consenso de la región, apuntó la experta, debe ser “dejar de hablar con eufemismos” y “no solo pedir que no se violen derechos humanos, sino pedir que se termine con la represión. Y no solo pedir que se verifiquen los resultados electorales con actas, sino que una vez que esa evidencia no es presentada porque no existe, llamar las cosas por su nombre y hablar de fraude”.

María Corina Machado, líder opositora Venezolana, aseguró que estaría abierta a una negociación con Maduro “donde se le ofrecerán garantías e incentivos para que el régimen entienda”

“Yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado, es el fiscal General. Que se entregue ante la justicia, que dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí”, ha respondido Maduro.

La OEA como vehículo

EEUU ha insistido en que su “esperanza y objetivo” es lograr un consenso entre los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para emitir mensajes uniformes en torno a la crisis postelectoral de Venezuela.

Esto, pese a que pocos días después de la elección, el organismo no logró ponerse de acuerdo para aprobar una resolución que llamaba a la publicación de actas y a la revisión independiente de ellas.

“Más que ponernos a pensar si el vehículo es la OEA o es otro, lo que tenemos que hacer es priorizar cómo generar ese consenso regional coherente e desideologizado, que ponga primero el respeto al derecho internacional y el respeto de la voluntad popular de los venezolanos”, concluyó la experta del Diálogo Interamericano.

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El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez anunció este miércoles que solicitó la nulidad del proceso iniciado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lleva a cabo un peritaje para verificar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por “vicios procesales”.

“Nosotros solicitamos expresamente a los magistrados que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el presidente de la República, por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en los que ha incurrido la sala», dijo Márquez, también exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error, y es algo que atenta contra el elector”, agregó.

La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales. El contenido del expediente no es público, lo que Márquez considera “inadmisible”.

Juristas y la oposición sostienen que se trata de un procedimiento que no existe en el marco legal venezolano. El Centro Carter, que desplegó una misión técnica para las elecciones, aseguró que no puede considerarse una “verificación independiente”.

Incluso varios países, entre ellos Brasil y Colombia, han reiterado que el CNE, que argumenta que su sistema sufrió un ciberataque el día de las elecciones, debe publicar los resultados.

El CNE, que no ha publicado los resultados desagregados mesa por mesa, dio como ganador de las elecciones presidenciales a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato opositor Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.

Nueve de 10 candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación del tribunal. González Urrutia descartó acudir argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.

Márquez también solicitó al TSJ que ordene una auditoría completa de las elecciones, lo que implicaría la apertura de las cajas de resguardo y un conteo “voto a voto”.

“No para que la Sala Electoral lo haga con el CICPC o con unos técnicos cualquiera, es que lo tiene que hacer el CNE, que tiene que tener las urnas electorales resguardadas, y tienen que estar firmadas por los testigos, y tiene que tener el número de votos adentro que corresponde, y tienen que estar protegidas por el Plan República, nosotros queremos ver las urnas electorales”, insistió.

“Vamos a abrir las cajas, porque consideramos que el pueblo venezolano está indefenso actualmente. Queremos abrirlas en presencia de testigos, que las abra el CNE, por supuesto, en presencia de testigos nacionales e internacionales”, expresó.

Se desconoce cuándo el TSJ podría dictar una sentencia, pero, consultado por la crisis en Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió el martes que podría ocurrir este viernes.

Márquez, además, anunció que acudirá al Ministerio Público para solicitar una investigación penal contra los cinco rectores del CNE.

En un informe preliminar, que inicialmente sería confidencial, el Panel de Expertos Electorales de la ONU denunció la ausencia de “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.

El grupo, que se desplegó para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en Venezuela, sostuvo que la ausencia de resultados desglosados “no tiene precedente” en elecciones democráticas contemporáneas y afirmó que la revisión de una pequeña muestra de documentos públicos, entre ellos las actas publicadas por la oposición, “exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados”.

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