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Miguel Polo Polo criticó decisión de quitarle camionetas a congresistas

El pasado 3 de agosto, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que los miembros de este cuerpo colegiado no recibirán un vehículo, como habitualmente ocurre. El dirigente hizo efectiva la medida a través de la Resolución 1792, que establece la suspensión indefinida de la entrega de los automotores.

Luego de establecer la restricción, Racero se manifestó en sus redes sociales y enfatizó que el objetivo es ahorrarle “más de mil millones de pesos a los colombianos”. De igual modo, dijo que se trata de “un gran mensaje en tiempos de austeridad“. El aviso llegó unos días después de que el comité de empalme de Gustavo Petro afirmara que recibe un país endeudado y con un déficit fiscal “crítico”.

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Miguel Polo Polo criticó la decisión de quitarle camionetas a los congresistas

La determinación del presidente de la cámara no le sentó muy bien al líder afro, quien recientemente perdió un importante apoyo por sus controversiales posiciones.

El legislador, cercano a algunos integrantes del Centro Democrático, afirmó en su cuenta de Twitter que el ahorro de mil millones de pesos se lo gastará Petro este 7 de agosto en la posesión presidencial, teniendo en cuenta el alto costo que tendrá la ceremonia. Además, manifestó que las medidas de ese tipo son “puro populismo”.

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En previas oportunidades, Racero ha hecho llamados a los congresistas a movilizarse en transporte público o en el carro personal. De hecho, algunos días atrás, publicó un video en las redes sociales en el que se lo observa llegando al trabajo en un taxi. “No necesitamos de costosas camionetas blindadas —si no presentamos situaciones de riesgo actuales— para representar bien a la ciudadanía”, comentó en ese entonces.

De acuerdo con Semana, por cada camioneta en el Congreso se pagan cerca de 15.000.000 millones de pesos mensuales, incluido el mantenimiento y los repuestos. Asimismo, brindarle seguridad a los 296 legisladores durante los cuatro años de servicio tendría un costo de más de 426 mil millones de pesos producto de los convenios que se firman cada año con la Unidad Nacional de Protección.

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