Judicializados en Cartagena tres presuntos integrantes de la organización Los Pitbull

Los argumentos de un fiscal de la Estructura de Apoyo de Cartagena (Bolívar) fueron suficientes para que un juez de control de garantías asegurara a tres presuntos integrantes de la organización ilegal Los Pitbull que delinque en la capital de Bolívar.

La decisión judicial cobijó a Jhon Jarlin Dueñas Salazar, Daniel Contreras Guerrero y a Dairo José Estrada Aguirre a quienes les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y lesiones personales agravadas.

De acuerdo con la investigación, este grupo al margen de la ley desde el año 2020 se ha dedicado al hurtar las pertenencias de las personas en la modalidad de atraco a mano armada. Las víctimas más recurrentes han sido taxistas, puntos de recaudos de giros de dinero y en residencias de los barrios Henequén y El Reposo.

Adelantado el proceso se logró establecer la identidad de quiénes serían los supuestos integrantes y responsables de esas acciones delictivas por lo que fueron capturados por la Policía Nacional en cuatro diligencias de allanamientos adelantadas el pasado 24 de febrero en los barrios Henequén, El Reposo y en el municipio de Mesetas (Meta).

En las audiencias concentradas, Dueñas Salazar y Contreras Guerrero negaron su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía y por disposición del juez cumplirán la medida en la cárcel Ternera de Cartagena.

Estrada Aguirre sí aceptó los cargos endilgados por el ente acusador y cumplirá la medida en su lugar de residencia.

La Fiscalía General habla con resultados.

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MEVA/MAGA/CA

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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