Imputan cargos a alias Camilo Z como presunto responsable de ocho homicidios en el suroeste antioqueño

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Juan Camilo Zapata Cano, alias Camilo Z, por su presunta participación en la muerte de ocho personas y el robo de varias motocicletas; delitos que se habrían cometido en los municipios de Salgar y Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, los homicidios fueron cometidos entre el 7 de octubre de 2021 y el 8 de enero del presente año en la citada subregión antioqueña.

Entre los hechos investigados figura el homicidio de tres miembros de una misma familia, ocurrido el 15 de noviembre de 2021 en una finca ubicada en el corregimiento Farallones del municipio de ciudad Bolívar. En este hecho fallecieron Antonio María Molina Vélez, su esposa Sandra Patricia Galeano Rodas y la hija de estos Juliana Molina Galeano.

A Zapata Cano, de 21 años de edad, le fueron imputados los punibles de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tres delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, cargos que no fueron aceptados por el investigado. El hombre fue capturado en el barrio El Poblado de Medellín el 10 de enero de este año y tiene medida de aseguramiento intramuros por el punible de porte ilegal de armas.

Alias Camilo Z tiene además dos sentencias condenatorias de 17 y 11 años de prisión, respectivamente, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LFML/MAGA/FR

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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