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Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la venta ilegal de chance

Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas en Caldas. Superarían en valor los 3.500 millones de pesos.

 

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre seis bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la venta ilegal de chance, juegos de suerte y azar.

En ese sentido, fueron ocupados 4 establecimientos de comercio, 1 inmueble urbano y 1 automotor, en diligencias realizadas por la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional en Manizales (Caldas). Estos activos pertenecerían a una red delictiva conocida como ‘Regalías’ y, al parecer, fueron usados para promover su actividad ilegal.

Varias de la propiedades estarían a nombre de Pedro Antonio Tabares Loaiza y su excompañera sentimental, Tatiana Franco Díaz, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con la comercialización ilícita de chance en Caldas y Bolívar. Las investigaciones indican que la organización delincuencial defraudó al Estado, y afectó la seguridad pública y la Empresa Departamental para la Salud de Caldas (EDSA) en más de 3.500 millones de pesos.

Por estos hechos, Tabares Loaiza y Franco Díaz fueron condenados a más de 42 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Además, les fue impuesta una multa de 275 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los bienes recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/DPMC/JARG/LPDS/DEEDD.

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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