Fiscalía General de la Nación

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Con los nuevos puntos de atención, la entidad está presente en 21 de 29 municipios del departamento, más tres de Cundinamarca que pertenecen a su jurisdicción.

La seccional Meta de la Fiscalía abrió 4 nuevos puntos de atención en los municipios de Castilla la Nueva, Lejanías, San Carlos de Guaroa (Meta) y Paratebueno en (Cundinamarca) con el apoyo de las administraciones locales que dispusieron locaciones y servidoras para atender a los usuarios.

A estos puntos podrán acudir quienes necesiten denunciar hechos que atenten contra la seguridad ciudadana, tales como violencia intrafamiliar, lesiones personales, estafas y hurtos, entre otros.

Al momento de abrir sus puertas a la comunidad, que ya no tendrá que recorrer grandes distancias a poblaciones cercanas para buscar ayuda, hicieron presencia delegados de cada municipio, autoridades locales, la asesora de atención a usuarios, Olga Lucía Rubio; el asesor del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Wilson Jiménez Delgado y el director seccional Meta, Justino Hernández Murcia.

La apertura del PAF en Lejanías, ubicada al interior de la edificación de la Alcaldía fue presentada a todos los presidentes de juntas de acción comunal del perímetro urbano y rural de la localidad, que estaban reunidos en el lugar.

 

La llegada del PAF de San Carlos de Guaroa fue hecha en el marco de la celebración del aniversario 62 de la localidad, en eventos programados en el polideportivo principal de la localidad.

 

Con los nuevos puntos de atención, la Fiscalía General de la Nación hace presencia en 21 de 32 municipios que pertenecen a la jurisdicción de la seccional Meta, que incluye tres localidades de Cundinamarca.

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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