Fiscalía General de la Nación

Luego del crimen, el agresor se refugió en varios países de Suramérica y finalmente fue aprehendido en Chile.

Luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional Caldas, un juez penal de conocimiento condenó a 43 años y 5 meses de prisión a Joffre Enderson Pacheco Briceño, como responsable del crimen de una mujer, en hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2020, en La Dorada (Caldas).

El fallo declaró al agresor responsable del delito de feminicidio agravado y dispuso que la pena deberá cumplirla en establecimiento carcelario.

La Fiscalía estableció que Pacheco Briceño pretendió iniciar una relación sentimental con la víctima, de 54 años, con el único propósito de conocer sus ingresos monetarios y patrimonio, e intentar sacar provecho económico. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2020, en un inmueble del barrio Las Ferias, la asesinó. De acuerdo con la evidencia recopilada, la golpeó, le amarró las manos, asfixió con una bolsa y atacó en la cabeza con una piedra de moler maíz.

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El sentenciado, de nacionalidad venezolana, había sido extraditado en noviembre de 2023, desde Copiapó (Chile), a donde había llegado luego de recorrer varios países de Suramérica evadiendo a la justicia colombiana. Este trámite se logró gracias a la gestión administrativa de la Dirección de Asuntos Internacionales y el trabajo investigativo del CTI de la Seccional Caldas, que identificó la ruta de huida del feminicida y el lugar exacto en el que se ocultaba.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

JLH/LYBT/JARG/JC/ACG

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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