La decisión de segunda instancia revocó la medida no privativa de la libertad que había sido impuesta a la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla y ordenó la captura inmediata de la funcionaria para que sea traslada a un centro carcelario.
Luego de verificar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural en contra de tres integrantes de la Policía Nacional que habrían participado en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
La decisión rechazó de plano las pretensiones de los defensores de los uniformados y reafirmó que se cumplen todos los presupuestos legales para que sigan privados de la libertad el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas.
Adicionalmente, revocó el pronunciamiento de primera instancia que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad a otras de las posibles implicadas, la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla. En ese sentido, el juez penal de conocimiento ordenó la captura inmediata de la funcionaria para que sea puesta a disposición del INPEC y trasladada a un establecimiento carcelario.
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción da cuenta de que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
Los elementos de prueba indican que los dos abonados a interceptar, en realidad, pertenecían a las exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
De otra parte, el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, al parecer, a través de documentos falsos obtuvieron la orden de una fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá para intervenir las comunicaciones de Marelbys Meza y otras dos personas cercanas a ella, a quienes presuntamente hicieron pasar como integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá que estaría involucrado en la pérdida de un dinero en la casa de la señora Sarabia Torres.
Para la Fiscalía, los cuatro integrantes de la Policía Nacional indujeron en error a fiscales, que creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que terminaron por dar aval a las interceptaciones. En ese sentido, fueron imputados en su momento, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/CYHL/DECC/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
