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Detención carcelaria para mujer que se habría apropiado de dineros de varias personas de manera ilegal en Putumayo

Hasta el momento, la Fiscalía tiene evidencia de 17 personas víctimas de captación masiva de dinero por parte de la procesada, quien se habría apropiado de más de 220 millones de pesos. 

La Fiscalía General de la  Nación obtuvo medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de Diana Stefania Herrera Canchala por su presunta  responsabilidad en el delito de captación masiva y habitual de dineros.

De acuerdo con la investigación, la imputada, al parecer captaba dineros de personas ofreciéndoles rentabilidades desde 50 hasta 100% con una permanencia de tres meses y un monto a invertir de mínimo de tres millones de pesos.

Como garantía, la hoy investigada entregaba unos pagarés y habría entregado algunas rentabilidades para no generar desconfianza y así, poder captar a más personas para que invirtieran, argumentando que tenía negocios con firmas y empresarios que supuestamente le solicitaban prestamos de dinero y pagaban altas sumas de dinero por concepto de intereses.

La Fiscalía estableció que serían 17 personas las víctimas, quienes le entregaron su dinero en efectivo a la hoy judicializada entre febrero y noviembre del año pasado en Sibundoy y Colón (Putumayo).

Se presume que la mujer se habría apropiado de alrededor de 224 millones de pesos, dinero que no fue reintegrado a los afectados. Su captura por orden judicial la materializaron miembros de la Sijín.

Herrera Canchala no aceptó su responsabilidad en los hechos.

 La Fiscalía habla con resultados. 

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LMGM/MG/SAGR/DSP

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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