
Con inmenso pesar, con inmenso dolor de región y mucho dolor de país, informamos a la opinión pública que debemos abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR, que cariñosamente llamamos Mariana Páez en Mesetas, Meta. Ese territorio que nos abrió las puertas en el camino hacia la búsqueda de la paz, luego de haber firmado el Acuerdo Final de la Habana, lugar icónico donde decidimos luchar con la palabra como arma.
A seis años de implementación del Acuerdo Final de Paz, en la brega y trasegar de la lucha por condiciones de vida digna, estrechamos lazos de confianza y reconciliación, y fortalecimos el tejido social junto a las comunidades que nos abrazaron, creyendo que la paz es la ruta que señalará el porvenir.
Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas de la paz tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ¿por qué?
Somos más de 200 familias; 86 mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Los cuales enfrentaremos la pérdida total de los proyectos productivos: transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Además, nuestra salida también implica daños comunitarios, como lo son, la afectación en la atención a educación de primera infancia, que se presta en el centro de cuidado “Marianitos”, y la educación primaria de la escuela Buena Vista, que atiende a la población aledaña e hijos de la paz. Enorme daño hacen quienes creen que afectando a los y las firmantes de paz no se afectará a la comunidad.
Cabe resaltar, que además del inmenso dolor, nos embarga la incomprensión; nos cuestionamos por qué cuando la mayoría del pueblo colombiano se la juega por la búsqueda de la paz total, tenemos que sufrir esta situación de desplazamiento forzado por parte de hombres y mujeres que se identificaron como FARC.
Hacemos un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la Directoria de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la Directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas a garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y
verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.
La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato.
Finalmente, convocamos a actores institucionales del nivel local, departamental y nacional y a la sociedad civil a cerrar filas para que no se permita que en el departamento del Meta y en el país este tipo de acciones tomen fuerza, son hechos que ofenden la confianza del pueblo colombiano que deja un sinsabor en el imaginario colectivo, sobre todo en el momento histórico en el que todos y todas debemos jugárnosla por la búsqueda de la paz con justicia social .

